El TSJPV estudia si anula o no el perímetro de seguridad para alejar los escraches

  • Stop Desahucios Guipúzcoa formalizó el pasado miércoles ante TSJPV un recurso en el que pide la nulidad de la resolución de la Ertzaintza.
  • Consideran que "vulnera" los derechos de reunión y libertad de expresión.
Varios furgones de la Policía custodian la sede del Partido Popular en la Calle Génova de Madrid ante el anuncio de un escrache.
Varios furgones de la Policía custodian la sede del Partido Popular en la Calle Génova de Madrid ante el anuncio de un escrache.
JORGE PARÍS
Varios furgones de la Policía custodian la sede del Partido Popular en la Calle Génova de Madrid ante el anuncio de un escrache.

La Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) celebra este viernes una vista para analizar si anula o no la resolución de la Ertzaintza por la que estableció un perímetro de 300 metros para los escraches que realizan los movimientos antidesahucios.

Stop Desahucios Guipúzcoa formalizó el pasado miércoles ante TSJPV un recurso en el que pide la nulidad de la resolución de la Ertzaintza, que prohibió un escrache ante el domicilio del diputado popular José Eugenio Azpiroz y no permitió que se celebrara a menos de 300 metros, por considerar que "vulnera" los derechos de reunión y libertad de expresión.

Fuentes judiciales han confirmado que, en caso de que no haya ningún 'defecto de forma' en la presentación de la impugnación, la vista entre las partes implicadas -Departamento de Interior y Stop Desahucios Guipúzcoa- se celebrará este viernes en el Palacio de Justicia de Bilbao.

También a nivel nacional

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó este miércoles en el congreso que se había dictado una orden a la Policía para que aplique las "medidas operativas" necesarias para garantizar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar ante los escraches, pero insistió en que en ningún momento se marcó un perímetro concreto de seguridad.

"En algunos supuestos hablar de 300 metros no tiene ningún sentido, es absurdo (...) En algunos casos serán 300 metros y en otros 30", subrayó Fernández Díaz, que aseguró que no es posible establecer a priori distancias de seguridad en las inmediaciones de los domicilios de políticos y que la orden de Interior es que sean los mandos operativos de las fuerzas de seguridad los que definan el límite en cada caso de forma proporcionada.

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