La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, se ha mostrado dispuesta a explicar el nuevo decreto ley de función social de la vivienda en el seno de la conferencia sectorial de vivienda a nivel nacional, toda vez que la Junta "se convierte en referente en materia de políticas de vivienda y contra desahucios", mientras que la diputada del PP Alicia Martínez ha criticado la "palabrería" de la Junta, que "con esta norma se sube al carro de las reformas sociales del PP".

En su comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera se ha mostrado "dispuesta a acudir a una conferencia sectorial de vivienda que aborde la situación de los desahucios, y donde se dé detalle acerca del nuevo decreto ley".

En ese sentido, ha insistido en que la Junta "tiene competencias para legislar ese decreto ley, y las comunidades autónomas pueden y deben ejercer sus competencias para paralizar los lanzamientos".

La consejera considera que actualmente las entidades financieras "tienen una oportunidad de oro para firmar y adherirse a convenios para hacer frente a los desahucios", tras lo que apunta que con este decreto ley, además de las sanciones y expropiaciones temporales, "es necesario que inmobiliarias y bancos bajen el precio del alquiler".

"Se ha cumplido con la palabra dada, iniciado cambios estructurales en políticas de vivienda, con este decreto ley que supone un inicio y un punto y seguido para hacer frente al problema de la estafa hipotecaria", ha agregado la consejera, quien destaca que la Junta "con honestidad y humildad se ha convertido en referente en el territorio español" con este decreto ley, dando una "lección magistral".

Cortés ha reiterado la necesidad de que el Gobierno "vele por el interés general" y que el Congreso "tiene obligación de aprobar la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago con carácter retroactivo".

Asimismo, ha defendido su "coherencia" y ha recordado que cuando era miembro de la asamblea de CajaSur "siempre he defendido la necesidad de banca pública, me he opuesto a la bancarización de las cajas y a la forma como se ha confiscado el ahorro popular en las cajas de ahorros".

Por su parte, la diputada del PP Alicia Martínez cree que la Junta, con el nuevo decreto ley de vivienda "se sube la carro de reforma social emprendida por el PP, que va a modificar la Ley Hipotecaria y Ley de Enjuiciamiento Civil".

Martínez ha criticado la "palabrería" de la Junta con este nuevo decreto ley, frente a "soluciones reales", de forma que cree que la nueva norma, a su juicio, "genera muchísimas dudas" y duda de la "efectividad" de este decreto.

La diputada popular, que pide que en el nuevo plan de vivienda "se plasmen las necesidades de los andaluces", ha asegurado que la Junta "no ha cumplido con el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo".

Para Martínez, el nuevo decreto ley "nace de la confrontación y desde la crispación, al ser una consejera de pancarta, pero los andaluces reclaman a Cortés que ejerza de consejera y legisle sobre política de vivienda".

Asimismo, lamenta que haya "ocultación y falta de transparencia" en torno a ese decreto ley "que no hemos conocido hasta ahora cuando se ha publicado en BOJA". "Hay muchas medias verdades, ocultación de datos y engaños a la ciudadanía, pues no hay estudios reales sobre ejecuciones hipotecarias", ha agregado la diputada.

Para Martínez, este decreto ley "denota la falta de coherencia, falta de rigor, efectividad y talante", así como el "oportunismo y manipulación" de la Junta, que está demostrando "altas dosis de demagogia y populismo".

La diputada popular ha destacado que el Gobierno del PP "trabaja en estadísticas de primera vivienda, ha paralizado durante dos años los lanzamientos o desahucios de colectivos más vulnerables, ha obligado a los bancos a renegociar la deuda y la quita de la deuda, y ha establecido el fondo social de viviendas".

Defensa del decreto ley

La diputada del PSOE Nieves Masegosa ha destacado que el nuevo decreto ley "refuerza la lucha contra los desahucios hipotecarios" y supone una "respuesta contundente a una situación que se agrava día a día y a una situación de emergencia social".

Para Masegosa, la Junta "demuestra que no trampea, como hace el PP con la ILP sobre dación en pago" y recuerda que las personas físicas queda fuera de las sanciones contempladas en ese decreto ley. Ha agregado que el PP "endurece el acceso a las ayudas por alquiler".

Por su parte, la diputada de IU Inmaculada Nieto, que ha destacado la "coherencia y el trabajo" de la Consejería "frente al auténtico fracaso de las medidas del Gobierno central".

Nieto "agradece" que el decreto ley "sea intervencionista" y considera que "sería una irresponsabilidad que los modelos públicos se mantuviera al margen de estos problemas", tras lo que resalta que la Junta con esta nueva norma "ejerce sus competencias y encima cumple con el derecho internacional".