La diputada del grupo parlamentario socialista y secretaria de Vivienda del PSPV-PSOE, Maria José Salvador, ha anunciado que su grupo presentará una proposición de ley en las Corts, en la línea del decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía, para expropiar temporalmente, como máximo tres años, el uso de inmuebles embargados a personas con riesgo de exclusión social, "para que se cree un registro de viviendas deshabitadas y para que se articulen sanciones a las entidades financieras que no destinen al alquiler su stock residencial".

La diputada, en un comunicado, ha destacado que "la solución a la crisis no puede pasar por aumentar la burbuja inmobiliaria porque se ha de fijar la mirada en el fomento del alquiler y en el stock de viviendas vacías de las entidades financieras que en la Comunitat Valenciana".

De hecho, Salvador ha advertido de que este stock en esta autonomía ronda las 30.000 viviendas y ascienden a 150.000 si se incluyen las viviendas de particulares y promotores que también se encuentran en stock y vacías. Ante esto, ha resaltado "el gran fracaso" de las medidas impulsadas por el Consell con el Plan Extraordinario de Alquiler de Interés Social que, a pesar de que entró en vigor en 2011, según información directa de la propia conselleria, a fecha de 8 de febrero de 2013, "solo se han adjudicado 42 viviendas".

En este sentido, ha destacado que "es necesario el impulso de medidas contundentes para garantizar la protección de las familias en riesgo de exclusión social en la Comunitat Valenciana" y, para ello, "es urgente que el Consell ponga en marcha medidas para asegurar la función social de la vivienda".

"función social"

Así, ha explicado que la defensa de la "función social de la vivienda requiere especial relevancia en estos momentos, ya que, según ha recordado, el Consejo General del Poder Judicial cifra que desde 2008 hasta 2012 ya hay 50.000 desahucios en la Comunitat Valenciana".

Por ello, el PSPV ha presentado distintas iniciativas en materia de vivienda y, en esta línea, están trabajando en la redacción de esta proposición de ley para que "se apliquen medidas excepcionales para casos excepcionales a inmuebles en procedimiento de desalojo que ha sido instado por entidades financieras", además en la propuesta se concretará que "estas viviendas deberán ser de vivienda habitual y permanente, que el préstamo pendiente iba destinado a pagar la vivienda, que el desalojo pueda generar situación de exclusión social y que el propietario haya sufrido circunstancias económicas sobrevenidas".

En cuanto al registro de viviendas deshabitadas, los socialistas proponen que se excluyan las residencias secundarias, de recreo y de uso turístico y la recaudación que se obtenga de las sanciones que se apliquen a las entidades financieras que no destinen su stock a alquiler se reservará para patrimonio público de suelo de la Generalitat y a la financiación de políticas públicas de vivienda.