La Audiencia ordena "la ejecución inmediata y sin dilación" de la sentencia que condenó al alcalde de Ponga

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha ordenado "la ejecución inmediata y sin dilación" de la sentencia que condenó al alcalde de Ponga, Cándido Vega, de Foro Asturias, por un delito de prevaricación, un delito de desobediencia y un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Audiencia Provincial de Oviedo
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EUROPA PRESS
Audiencia Provincial de Oviedo

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha ordenado "la ejecución inmediata y sin dilación" de la sentencia que condenó al alcalde de Ponga, Cándido Vega, de Foro Asturias, por un delito de prevaricación, un delito de desobediencia y un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Según ha informado el Ministerio Fiscal, la Audiencia estima así el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía del Principado de Asturias contra el auto dictado por el Juzgado de lo Penal número uno de Oviedo, que el pasado mes de febrero acordó suspender la ejecución de la pena mientras se tramita la petición de indulto por parte del condenado. La resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Según la Audiencia, en este caso "no se observa ningún motivo que avale la petición (de suspensión), al margen del utilitarista del penado, naturalmente interesado en el ejercicio de una función pública para la que ha sido inhabilitado".

La Sala sostiene además que "la valoración de la conveniencia de esa suspensión ejecutiva debe llevarse a cabo con parámetros de congruencia. Como este Tribunal -añade-, que es el que debe informar en el expediente de indulto, ya lo ha hecho negativamente, la consecuencia natural, y legal, es la que sentencia se ejecute".

El alcalde de Ponga fue condenado en diciembre de 2012 a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, un año y seis meses de prisión y el pago de una multa de 2.400 euros, después de que la Audiencia estimara el recurso presentado por la Fiscalía del Principado de Asturias, y la adhesión del Principado de Asturias, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número uno de Oviedo en julio de ese mismo año.

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