El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha puesto en duda este miércoles que las subvenciones que los Estados miembros conceden a la industria alimentaria tengan un "valor añadido" y ha alertado del riesgo de que se conviertan en "meras donaciones".

La Política Agraria Común (PAC) prevé un instrumento para el "aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales" que aportó 5.600 millones de euros a la industria alimentaria entre 2007 y 2013, lo que sumado a los apoyos nacionales elevó la ayuda pública para el sector a 9.000 millones de euros en el conjunto de la UE en ese periodo, según datos del tribunal.

La auditoría que el tribunal ha realizado a los programas de desarrollo rural de los Estados miembros indica que estos planes "sólo fijaron objetivos generales que no demostraban el modo en que se preveía que la financiación aumentara el valor añadido de los productos agrícolas o mejorara la competitividad de la agricultura". Y lamenta que la Comisión Europea aprobara estos programas pese a "la falta de especificidad".

Para su informe, el Tribunal de Cuentas ha examinado seis programas concretos por su envergadura, entre ellos uno de Castilla y León, y otros en regiones de Francia, Italia, Lituania, Polonia y Rumanía.

Las conclusiones de la auditoría advierten de que a falta de una "necesidad demostrable de ayuda pública", los subsidios autorizados en estos programas se convierten en una "ayuda general" a empresas, "con los riesgos añadidos de distorsión de la competencia y despilfarro de los escasos fondos públicos".

En el caso de Castilla y León, el informe indica que la explicación de los objetivos fijados recogen los elementos de un considerando del reglamento comunitario "sin ninguna especificación adicional" y que no se señalan los criterios de selección.

También apunta que las pequeñas y medianas empresas en el sector se benefician en Castilla y León reciben "automáticamente" el 40 % de las ayudas, al margen de las características del proyecto, y considera "improbable" que los porcentajes de entorno el 3 y el 7 % para empresas de mayor tamaño sirvan de "incentivo suficiente" para atraer proyectos que podrían ser "eficaces".

Según informa el tribunal de cuentas, casi un 20 % de los fondos de la UE para la mejora de la competitividad de la agricultura se destina a empresas de transformación alimentaria, pero los sistemas de seguimiento y evaluación no recopilan los datos relativos al valor añadido ni a los efectos indirectos sobre la competitividad de la agricultura.

El experto del Tribunal responsable del informe, Jan Kin't, ha pedido a la Comisión que apruebe "únicamente" los programas que responden a objetivos concretos o, de lo contrario, "esta medida se convierte en una mera donación a empresas del sector de la transformación alimentaria".