La reforma de la Ley de Costas permitirá que los propietarios y/o concesionarios en el litoral puedan construir obras de defensa para paliar las posibles invasiones del mar, según recogerá el informe de Ponencia de esta Ley, que se discutirá este jueves en el Senado y que incorporará las 16 enmiendas propuestas por el grupo Popular al texto remitido por el Congreso a la Cámara Alta, según han informado a Europa Press fuentes populares.

De este modo, los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, incluidos los efecto del cambio climático, "podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión", siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes.

Según ha explicado el portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Vicente Aparici, la Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 se debatirá el próximo martes en comisión y el 23 de abril podría aprobarse en el pleno del Senado.

Así, hasta el mismo día 23 se podrá modificar el texto e introducir algunas otras enmiendas, "siempre transaccionadas", que se están "negociando" con otros grupos y que el grupo mayoritario admitirá "siempre que no rebajen la protección del litoral". "Los grupos parlamentarios están trabajando bien, por lo que se pueden lograr algunas transacciones", ha valorado.

En este contexto, ha negado que la enmienda 182 vaya a suponer un "coladero" para legalizar construcciones ilegales porque "no es una amnistía para nada" sino que afectará a tramos de municipios que ya eran urbanos y legales en la Ley de 1988, por lo que "no afectará a construcciones posteriores a esa fecha".

Además, esta enmienda del PP prevé que los propietarios que tengan procedimientos de resolución pendientes antes de que la nueva ley entre en vigor puedan conservar sus concesiones si la edificación cuenta con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, o bien que estuvieran comprendidos en "áreas consolidadas por la edificación" en al menos un tercio de su superficie.

Al mismo tiempo, será posible que las administraciones urbanísticas que ya tengan delimitado o clasificado "como suelo urbano" núcleos o áreas en dichas zonas podrán solicitar la compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá 18 meses para contestar a esta solicitud y, si en ese plazo no lo hace, se entenderá que es favorable.

Asimismo, ha defendido que en el primer borrador de la Ley y en el texto que llegó a la Cámara Alta desde el Congreso, no se incorporaban los posibles impactos del cambio climático, por lo que la enmienda 180 soluciona esta cuestión que se ampliará con el desarrollo del reglamento. Por ello, ha justificado que los propietarios "en propiedad o en concesión" podrán acometer obras de defensa para paliar estos efectos.

Por otro lado, en relación con algunas de las enmiendas de CiU sobre urbanizaciones marinas, ha advertido de que el PP "difícilmente va a admitir" cualquier propuesta que pueda "plantear otro Algarrobico".

"Nuestro modelo de Ley tiene que favorecer el desarrollo sostenible y es difícil entenderse en cuestiones que se desvían de esa situación y que permita cosas que ambientalmente no se puedan sostener", ha concluido.

Más enmiendas

Por otro lado, otra de las enmiendas, que este jueves se incorporará al texto de la Ley, señala que los terrenos invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde y que en los terrenos declarados "en regresión" no podrá otorgarse "ningún nuevo título de ocupación en el dominio público marítimo-terrestre", por lo que se abre la puerta a concesión de nuevos títulos en otros terrenos no afectados por la regresión.

Esto significa que sí se podría construir en esas zonas y es lo que ha motivado algunas de las críticas por parte de otros grupos parlamentarios, como PSOE o el grupo Mixto, que entienden que de esta manera se abre la puerta a "enladrillar prácticamente todo el litoral".

Por otro lado, se incorpora una disposición adicional séptima por la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá dos años para elaborar la estrategia de adaptación de la costa española a los efectos del cambio climático en la que se indicarán los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y que propondrá medidas.

La reforma incluye también la posibilidad de permitir usos comerciales y de restauración en puertos, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo terrestre, ni la actividad portuaria.

Durante la Ponencia se debatirán también las 169 enmiendas restantes planteadas por el resto de grupos parlamentarios en la Cámara Alta.