El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel García Peláez, ha criticado la actitud del Ayuntamiento de Málaga en relación con el desalojo cautelar, por no reunir las condiciones de estabilidad y salubridad necesarias, del inmueble situado en la calle Curadero, número 6, propiedad de la Junta de Andalucía, ya que "ha variado sustancialmente" las condiciones del convenio. Por ello, ha dicho que "nos sentaremos" con el Consistorio y "buscaremos una solución para esos vecinos".

"Estamos ya acostumbrados a que para el Ayuntamiento de Málaga los responsables siempre son otros y nunca asume ningún tipo de responsabilidad", ha criticado este miércoles en rueda de prensa García Peláez.

La obligación del Consistorio, según el delegado, era "hacer todo el proceso de expropiación" de esta parcela del centro histórico, donde se preveía la construcción por parte de la Junta de las denominadas 'tecnocasas'.

Así, García Peláez ha demandado de nuevo al Ayuntamiento una certificación del valor del realojo de los inquilinos o, en su lugar, de la correspondiente indemnización.

En este punto, ha insistido en sus críticas ante el hecho de que el Consistorio "haya variado sustancialmente las condiciones del convenio", ya que, inicialmente, se contemplaba la construcción de 26 viviendas protegidas, un número que luego se redujo a 13, lo que, para la Junta, hacía el proyecto "inviable".

SOLAR

Además, como ha resaltado, el solar se tenía que haber entregado como tal y "no debería haber habido nadie en él". "Se dan una serie de circunstancias muy curiosas", ha advertido, añadiendo que el Ayuntamiento tiene "sus funciones y obligaciones".

Ha incidido, al respecto, en que "le correspondía al Ayuntamiento de Málaga exigir al anterior propietario, al que se estaba expropiando, que desalojara y realojara o indemnizara a los inquilinos".

Pese a ello, la Administración regional llevó a cabo el pasado mes de noviembre el realojo de uno de los vecinos. "Para eso está la Junta", ha apostillado.

El Ayuntamiento informó este pasado martes de que durante las últimas visitas se constató que el estado que presenta el edificio en la actualidad no permite garantizar la seguridad de sus habitantes, dada la amplitud y gravedad de sus patologías.

Asimismo, se ordenó a la propiedad del inmueble, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), que, como medida cautelar y de forma inmediata, proceda a realizar distintas actuaciones, como el repaso de fachada y cubiertas con retirada o adecuada fijación de elementos sueltos susceptibles de desprenderse a la vía o colindantes, y la clausura de todas las posibles vías de acceso para impedir la entrada de personas.

También se le demandó que realizara una vigilancia técnica del edificio para evitar situaciones de riesgo, tanto a la vía pública como a edificios colindantes, mientras no se proceda a su rehabilitación. En 2008, 2010 y 2012 ya se advirtió a la propiedad de la situación del inmueble, aconsejándole que se procediera al realojo de los 13 inquilinos.

El edificio fue declarado en situación legal de ruina mediante sentencia judicial en noviembre de 2005. Se encuentra incluido dentro de las áreas de rehabilitación concertada del Pepri-Centro y, tras el oportuno trámite expropiatorio, pasó a titularidad de EPSA.