El PPdeG no ha recabado los apoyos de la oposición a una iniciativa de impulso en la que se insta a la Xunta a "continuar implementado nuevos sistemas de calidad ligados a la gestión del procedimiento de dependencia". El objetivo: "La mejora continua y de un aprovechamiento estratégico de los recursos".

Pero los grupos de la oposición han considerado que el texto está lleno de "vaguedades", en palabras de la nacionalista Carme Adán, y no se concretan medidas ni presupuesto. Además, han censurado la gestión de la dependencia y los "recortes" en la prestación de servicios, por lo que no apoyarán esta iniciativa que será votada este miércoles, previsiblemente, con los únicos votos del grupo mayoritario.

La autora de la iniciativa, la diputada popular Marta Rodríguez Arias, ha defendido la actuación del Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo desde su llegada en 2009 a la Xunta, cuando, según dijo, "tuvo que hacer frente a una situación caótica" .

De esta manera, ha resaltado medidas puestas en marcha, como la "digitalización" de los expedientes, y ha señalado que "todas (ellas) se tradujeron en la multiplicación" de las personas reconocidas con dependencia. Así, ha remarcado que ahora hay 67.000 prestaciones reconocidas frente a 14.000 personas atendidas en 2009.

Marta Rodríguez Arias también ha significado que en 2012 fue la "segunda comunidad" del conjunto del Estado que dio el mayor número de altas, pese a ser la octava en población.

"Consideramos que es necesario seguir avanzando", ha señalado la diputada del PP, quien reconoció las "mejoras", pero quien apostó por seguir en esa línea. "Esta iniciativa sólo tiene aspectos positivos", ha reivindicado.

Rechazo oposición

Sólo Alternativa Galega de Esquerda (AGE), a través de Eva Solla, presentó enmienda a esta propuesta, para sustituir el texto con el fin de que la Xunta "cumpla" con la Ley de Dependencia, "poniendo los presupuestos necesarios para tal fin".

La diputada de la coalición explicó que esta enmienda se ha presentado porque la propuesta "no concreta nada" y ha advertido que el Gobierno "está poniendo trabas" al funcionamiento de la ley y "recortando en sus servicios".

Además, ha subrayado que en 2012, el 44 por ciento de los dependientes "esperaban por una prestación", un dato que, a su juicio, debería ser considerado "como intolerable", como otros que ha dado.

La diputada socialista Carmen Gallego se ha mostrado "sorprendida" con la "realidad virtual en la que viven", a su juicio, los populares, y lo vinculó —en alusión al presidente Feijóo y Marcial Dorado— a que en ese mundo "las amistades no son ni anchas ni estrechas y (en él) las relaciones con los narcotraficantes no tienen importancia".

Así, la diputada del PSdeG denunció la reducción del presupuesto de la libranza del cuidador, en más de 40 millones de euros, y criticó que la iniciativa presentada "no se compromete a nada".

Carme Adán, la representante del BNG en el debate, también acudió a las cifras para criticar la iniciativa. "Hay del orden de 25.000 personas entre quince meses y dos años esperando para tener un servicio", ha avisado, antes de asegurar "están en el limbo de la dependencia, están purgando y (ustedes) vienen a hacer propaganda".

Mociones rechazadas

Durante la sesión de la tarde de este pleno han sido rechazadas las tres mociones presentadas por los grupos de la oposición, una de ellas, impulsada por el BNG, destinada a demandar la paralización de los desahucios en trámite y otra serie de medidas vinculada a los problemas de la vivienda. Los tres grupos de la oposición llegaron a un acuerdo de transacción, pero el PPdeG votó en contra.

Tampoco vieron luz verde las mociones relativas a buscar mejoras en las urgencias sanitarias, que defendió la diputada socialista Carmen Acuña, y la referida al sector naval de Galicia, que impulsó AGE a través de la parlamentaria Consuelo Martínez.

La presidenta retira "derecha depredadora"

En otro orden de cosas, la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, ordenó retirar una expresión pronunciada por la diputada del BNG Montse Prado en el debate sobre las urgencias hospitalarias, y en las que decía que las situaciones de colapso "no se daban por casualidad", sino que es fruto de las "medidas que toma el PP" en aplicación del "su programa ideológico de derecha depredadora".

Así, Pilar Rojo consideró que la expresión no se adecuaba al decoro de la Cámara, pero Montse Prado justificó que no aludía a nadie y criticó que se le "limitase" su derecho de expresión, pero la jefa del Legislativo no cejó en su "derecho" a retirarlo del diario de sesiones.

En apoyo de la nacionalista salió la autora de la iniciativa que se debatía, quien lamentó que se censurase "depredador" pero, "sin embargo, esta cámara aceptó" que se llamase "asesino" al PSOE, en referencia a unas declaraciones del diputado del PP Alberto Pazos Couñago en las que dijo que "pena de muerte es la que aplicaron algunos gobiernos socialistas, sin juicio previo, a algunos acusados por terrorismo", en alusión al caso GAL.