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Piden absolver a la dueña de una almazara acusada de "engañar" a una notaria para no pagar un préstamo

El Ministerio Fiscal ha solicitado la absolución de la propietaria de una fábrica de aceite y de su hija, M.M.M.P. y M.S.M., respectivamente, acusadas de elaborar un poder presentado por el marido de la primera ante una notaria de Linares (Jaén). Con este documento, a juicio de la acusación, M.M.M.P. pretendía "engañar a la notaria" para evitar pagar un préstamo hipotecario de más de medio millón de euros.

El Ministerio Fiscal ha solicitado la absolución de la propietaria de una fábrica de aceite y de su hija, M.M.M.P. y M.S.M., respectivamente, acusadas de elaborar un poder presentado por el marido de la primera ante una notaria de Linares (Jaén). Con este documento, a juicio de la acusación, M.M.M.P. pretendía "engañar a la notaria" para evitar pagar un préstamo hipotecario de más de medio millón de euros.

En la vista oral, acogida este martes en la Audiencia provincial, la acusación particular, que representa a la notaria autorizante de la escritura del préstamo, ha manifestado que M.M.M.P., propietaria del cien por cien del capital social de la fábrica —sociedad unipersonal desde agosto de 2002—, "conocía que se estaba avalando en su nombre" a través de un poder en el que autorizaba a su marido a realizar una serie de obligaciones, entre las que estaba "tomar dinero a préstamo".

En este sentido, la acusación ha afirmado que ambas "no desconocían" que su marido y padre, ahora fallecido, "iba a firmar una escritura" en la notaría. Es más, "querían inducir a error", a pesar de que el fallecido "dijo que el aval era conocido por su esposa". El objetivo de ésta, ha aseverado el letrado, era "utilizar el poder presentado por su marido para no pagar el préstamo que se había aprobado haciendo creer que el poder no era válido". "Se previó milimétricamente", ha incidido.

Por su parte, la fiscal, que discrepa de lo relatado, señala en su escrito que el 26 de agosto de 2008 la hija del matrimonio, como administradora única de la empresa, aprobó solicitar un préstamo hipotecario a una caja de ahorros. Al día siguiente, se formalizó el préstamo, de 583.000 euros, en escritura en la que intervinieron la caja de ahorros, ella, la notario y su padre, casado en régimen de gananciales e interviniendo en representación de su esposa a través del citado poder, firmado en Manilva el 26 de agosto.

En este papel, según el escrito de la Fiscalía, su mujer autorizaba al ahora fallecido para realizar en su nombre una serie de negocios y obligaciones que enumera, entre los que está tomar dinero a préstamo. Sin embargo, tras ser requerida como avalista del préstamo hipotecario concedido, ella declaró que el poder otorgado a su marido no era poder suficiente para constituirla en avalista, por lo que promovió un procedimiento civil contra la notario autorizante de dicho poder para que se declarase insuficiencia del poder.

En su escrito, la fiscal agrega que la solicitud de préstamo hipotecario aportada a la notaría es de fecha 19 de agosto de 2008, constando en la misma la firma del marido representándola, resultando que en la fecha indicada no tenía poder para representarla, pues el controvertido poder es de fecha 26 de agosto del mismo año.

La validez del poder

Por su parte, la notaria ha manifestado en el juicio que "no le dio validez al poder" cuando le fue exhibido por el marido, pues "no vio claros los términos por su redacción", apuntando que "la palabra aval no aparecía". No obstante, tuvo en cuenta otros documentos así como otros elementos de aquel momento. En concreto, vio "el poder, todas las escrituras de la sociedad y una específica en la que él avalaba en representación de su mujer".

Para la acusación particular que la representa, las procesadas son autoras de un delito de tentativa de estafa procesal, delito por el que pide diez meses de prisión, y de falsedad en documento mercantil, por el que pide tres años de prisión.

Así las cosas, la fiscal entiende que "de ninguna de las maneras" concurren los delitos de los que se las acusa, del mismo modo que cree que el fallecido es quien "llevaba la voz cantante" en los procesos relatados. Igualmente, el abogado de la defensa ha apuntado que la notaria "tuvo sus dudas acerca del poder presentado", haciendo hincapié en que el caso juzgado en la Audiencia responde a "un procedimiento civil y no penal".

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