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Fiscalía y acusación mantienen que el exalcalde de Bollullos "se saltó la normativa voluntariamente"

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han mantenido este martes en la última sesión del juicio del exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado Carlos Sánchez, acusado por un presunto delito de prevaricación por supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras en el Parque Ramos Mantis del municipio entre los años 2005 a 2007, que este "se saltó la normativa voluntariamente", por lo que mantienen a su vez la petición de imponer al acusado la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público para ser alcalde o formar parte de una corporación local durante nueve años.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han mantenido este martes en la última sesión del juicio del exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado Carlos Sánchez, acusado por un presunto delito de prevaricación por supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras en el Parque Ramos Mantis del municipio entre los años 2005 a 2007, que este "se saltó la normativa voluntariamente", por lo que mantienen a su vez la petición de imponer al acusado la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público para ser alcalde o formar parte de una corporación local durante nueve años.

Por su parte, en los informes finales, la defensa ha solicitado la absolución porque considera que el ex primer edil "no tenía intención de cometer ilegalidad", así como que los técnicos tendrían que haber advertido de una posible irregularidad administrativa, y ha asegurado que los hechos no reúnen los requisitos para considerarlo como delito de prevaricación.

A su vez, en concepto de responsabilidad civil, la acusación particular pide que se le condene a indemnizar al Ayuntamiento de la localidad con 744.555 euros por el perjuicio patrimonial causado en sus arcas públicas.

Durante el juicio en el Juzgado de lo Penal número 3 de la Audiencia Provincial de Huelva, que ha quedado visto para sentencia, tanto la Fiscalía como la acusación han ratificado su petición al entender que ha quedado acreditado que las obras "no tenían control técnico", así como que para la realización de estas obras solo se formalizaron dos expedientes, para adjudicar las obras de demolición del cerramiento existente y de albañilería necesarias, sin embargo para la jardinería y otras tareas de albañilería no se formalizó contrato alguno porque "las obras eran pequeñas", según ha admitido el administrador de esta empresa, que ha asegurado a su vez que finalmente "se ampliaron estas obras con un valor de más de 600.000 euros a pesar de que se había presupuestado en 100.000".

Este testigo ha remarcado que "un técnico del Ayuntamiento revisaba las facturas y las obras", así como que era este el que tramitaba las mismas con el arquitecto que trabaja en la empresa, y ha recordado que tenía como requisito contratar a personal de la localidad y lo cumplió.

Por su parte, uno de los arquitectos del Ayuntamiento en los años en los que se realizaron las obras ha reconocido que "sí conocía las obras al igual que los demás técnicos", pero ha asegurado que no redactó ningún proyecto al respecto y "ni visé el proyecto ni vi las facturas", por lo que ha insistido en que no dio "el visto bueno a ninguna factura porque no hubo proyecto", así como que los técnicos "iban para allá pero no llevaban control ni podía dar ninguna conformidad porque no había proyecto".

También ha declarado el responsable de la empresa encargada del cerramiento y ha asegurado que licitó las obras porque "no quería perder relación con el Ayuntamiento porque le debían un dinero" y ha indicado que presupuestó una serie de metros que finalmente se ampliaron, "sin haber cobrado todavía el total de los trabajos".

La concejal se remite a los técnicos

La que fuera concejal de Urbanismo de 2005 a 2007 en el Ayuntamiento de Bollullos, Rosario Rosado, ha insistido que, por su desconocimiento en la materia, "hacía lo que me decían los técnicos", indicando además que era "algo habitual" que los informes del interventor vinieran con algún reparo por "la mala situación" de las arcas municipales.

Rosado ha hecho hincapié en que "los técnicos velaban por el cumplimiento de las obras", así como que ella no tiene por qué saber que "no había expediente de contrato si los técnicos no lo advierten". A su vez, ha indicado que "todas las facturas eran revisadas y confirmadas por ellos".

Por su parte, el actual alcalde de Bollullos, el independiente Francisco Díaz Ojeda, ha recordado que interpuso la denuncia por estos hechos después de que la Junta de Andalucía reclamara la subvención que había concedido para estas obras para la contratación de 15 personas, que finalmente no se pudo justificar.

El alcalde ha incidido en que ha tenido que dar cobertura a "11 millones de euros" de gobiernos anteriores, así como que ha gastado desde que gobierna "seis millones de euros en obras y en pocas ocasiones se han realizado con informes negativos" del interventor.

Se declara inocente

En la sesión de este lunes, el exalcalde se ha declarado inocente y aseguró que confiaba "plenamente" en los técnicos y en sus concejales y defendió que "sabía lo que firmaba pero los técnicos eran los responsables".

Durante su declaración, el exalcalde, que tuvo que abandonar la Alcaldía en 2008 tras una moción de censura, aseguró que quizás "haya pecado de exceso de confianza" en sus técnicos y reiteró que si se ha equivocado "no ha sido intencionadamente". En esta línea, insistió en que "firmaba lo que le pasaban los técnicos", a lo que añadió que llevó adelante las obras, a pesar de contar con informes económicos negativos por parte del interventor ante la falta de recursos, porque era "habitual esta situación, ante la nefasta situación de las arcas municipales". De hecho, hizo hincapié en que cuando llegó a la Alcaldía se encontró con "solo 200 euros".

Sánchez remarcó que las obras eran "necesarias", algo que la Fiscalía no duda, por motivos de salubridad y de peligro para los bollulleros porque el parque se encontraba en mal estado, indicando además que se trata de un parque, construido en 1950 en el centro del pueblo, "muy importante", por lo que solicitó un plan de empleo y obras provinciales y una subvención a la Junta de Andalucía de 120.000 euros, que finalmente, según declaró uno de los testigos, actual interventor del Ayuntamiento, "no llegó a ratificarse" porque la condición era la contratación de vecinos de la localidad, "y el Ayuntamiento no contrató a nadie", sino a las empresas directamente.

Esta denuncia se remonta al año 2009, cuando el actual alcalde de la localidad presentó una denuncia ante los juzgados de La Palma del Condado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude en la contratación.

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