El portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha señalado este martes que la Administración autonómica "no tiene constancia oficial" de que la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares entre 2001 y 2010, haya abierto una nueva línea de investigación acerca de las ayudas y subvenciones concedidas, en el mismo periodo, por la Dirección General de Formación para el Empleo de la Administración autonómica.

Vázquez se ha manifestado de este modo al ser preguntado por los medios de comunicación sobre cómo valora esta nueva línea de investigación supuestamente abierta por la juez a raíz de la última declaración del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien dijo que si en su departamento "se movían unos 54 millones de euros al año" de la partida 31L —más conocida como 'fondo de reptiles'—, esta cantidad "era una parte muy pequeña del presupuesto comparado con la parte destinada a la Dirección General de Formación y Empleo, que era de unos 290 millones de euros".

Ante la pregunta, el portavoz ha respondido que la prensa debe tener "más información" que la Junta porque ella, como parte personada en el proceso judicial, no tiene "constancia oficial" de que eso haya pasado.

En este sentido, Vázquez ha rechazado la "causa general abierta por el PP-A" contra los Fondos de Formación a propósito de esta declaración de Guerrero y ha recordado que, en la actual situación de crisis económica y de paro que registra la comunidad, estas ayudas son "muy importantes" para revertir la cifra de parados y mejorar su posición de acceso al mercado laboral.

Además, ha explicado detenidamente el proceso que sigue la Junta de Andalucía para otorgar estas ayudas y que pasa por una "triple" fiscalización de las mismas porque la Administración regional, ha recalcado Vázquez, "mira hasta el último euro del dinero público".

Así, ha indicado que, en primer lugar, un equipo de funcionarios valora todas las solicitudes y, después, las propuestas de resolución se someten a un trámite de fiscalización previa a la Intervención General de la Junta y previa al pago de las mismas, que nunca se abona en su totalidad en un único pago (el 75% al inicio de la actividad formativa y el 25% restante una vez concluida la misma y debidamente justificada por la Academia que lo imparte). Tras todo este proceso, y tras comprobar que las ayudas "se ajustan" a la subvención concedida, "se elevan a otra vez a la Intervención General para ser avalada".

"Y por si no fuera suficiente, también existe la fiscalización de la Cámara de Cuentas de los cursos", ha añadido tras puntualizar que, en el caso de las ayudas de Formación para el Empleo en las que también participan los Fondos Europeos, también pasan por el "control de un equipo de evaluación".

Todo esto significa, según ha resumido el portavoz, que todas las ayudas siguen un "itinerario riguroso, estricto y de taxativo cumplimiento de la Ley", por lo que no ha lugar a la "causa general" que, en su opinión, ha abierto el PP-A contra los Fondos de Formación para el Empleo. "No hay ningún criterio por el que se tengan que poner en duda las ayudas", ha insistido para criticar que los 'populares' "pongan todo bajo sospecha". Ante ello, ha exigido al PP-A "que sea serio" y que, en caso de que tenga dudas, las "acredite".