La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha planteado la posible inconstitucionalidad de la supresión de la paga extra a los empleados públicos de la Comunidad acordada el pasado año por la Administración regional.

En virtud de una providencia, dicho tribunal, de oficio y por unanimidad, solicita oir a las partes y al Ministerio Fiscal en el plazo común e improrrogable de diez días para que aleguen lo que a su derecho convenga sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, según informaron a Europa Press fuentes del TSJCyL.

La duda de constitucionalidad que plantean los magistrados se concreta en la reducción de retribuciones en las cuantías que correspondiera percibir a estos empleados públicos en el mes de diciembre de 2012, como consecuencia de la supresión de la paga o gratificación extraordinaria, en la medida en que la norma suprime el derecho de los trabajadores a percibir cuantías ya devengadas.

La Sala plantea que tal medida puede suponer hipotéticamente la expropiación de derechos económicos no abonados pero sí incorporados ya al patrimonio de los trabajadores por devengados.