El abogado, cuya identidad responde a las iniciales F.M.P.M., que ha sido juzgado este martes por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva tras ser acusado de estafar 5.800 euros a varios inmigrantes a quienes se ofreció para tramitarles documentación y regularizar su situación y la de algunos familiares, sabiendo que no podría hacerlo, se ha mostrado conforme con los hechos de los que se le acusa y, al rebajar la Fiscalía la pena de cuatro a dos años de prisión, su defensa ha admitido esta pena.

Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el fiscal ha suprimido la solicitud de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado, no obstante solicita que no realice ninguna gestión relacionada con la extranjería, y también ha rebajado la multa, pasando a una cuota de seis euros diarios durante tres meses.

En este punto, su letrado ha pedido que esta inhabilitación en materia de extranjería solo se limite a la tramitación de documentación de inmigrantes en oficinas públicas.

En este sentido, el fiscal se basa para suprimir la inhabilitación porque, según estimó el Tribunal Supremo en una sentencia, la inhabilitación se limita a la utilización de su condición de abogado para realizar los hechos, y en este caso cualquier persona puede realizar un trámite en una oficina pública, según considera el Ministerio Fiscal.

El acusado ha abonado los 5.800 euros estafados a los distintos inmigrantes, cuyo pago el fiscal lo ha considerado como atenuante para la reparación del daño causado.

Tan solo ha declarado una de las afectadas, la cual ha asegurado que abonó al acusado "la cantidad de 1.000 euros" y no 1.900 como señala el fiscal en su escrito, por lo que de los 5.800 euros abonados se le devolverá los 900 euros de diferencia.

Los hechos se remontan a los primeros meses de 2008 cuando, según señala la Fiscalía en su escrito, el acusado, condenado por sentencia firme por un delito de conducción sin permiso, entabló contacto con varios ciudadanos colombianos y uno paquistaní, a los que solicitaba cantidades de dinero que oscilan entre los 1.000 y 6.000 euros por persona, por la tramitación de la documentación necesaria para regularizar su situación y la de familiares de estos, procediendo el acusado a la presentación de las solicitudes de permiso de trabajo y residencia en la Oficina Única de Extranjeros de Huelva, a sabiendas de que no les serían concedidas dichas autorizaciones por las autoridades administrativas.