La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de una serie de medidas para combatir los robos y hurtos en el medio rural y agrícola entre las que ha propuesto la puesta en marcha de un sistema de "predenuncia" en la que los agricultores podrán interponer una denuncia a través de sus organizaciones agrarias que, posteriormente, tendrá que ser ratificada ante la Guardia Civil o Policía Nacional en su caso.

En rueda de prensa tras la reunión mantenida con mandos de Guardia Civil y Policía Nacional así como con representantes de COAG, Asaja y UPA, Crespo ha detallado que la finalidad de este sistema de "predenuncia" tiene como fin "facilitar los trámites" a los empresarios agrícolas a la hora de denunciar un robo, sentido en el que ha insistido en la necesidad desarrollar esta acción para mejorar las averiguaciones y el seguimiento estadístico de las sustracciones.

Para ello, un mando del Seprona será el encargado de mantener un "contacto directo" con los representantes de las organizaciones agrarias, que actuarán como enlaces, a fin de establecer las denuncias. Una vez interpuestas, las víctimas tendrá que acudir a firmar y refutar su declaración, según el planteamiento inicial que será revisado mensualmente durante un año a través de una comisión de seguimiento que presidirá el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca.

La delegada ha afirmado que el Gobierno es "sensible a las preocupaciones de las organizaciones agrarias" y ha recordado que en los últimos meses "se ha intensificado la lucha contra la inseguridad en el campo mediante la puesta en marcha de planes provinciales específicos contra los robos en instalaciones agrícolas y ganaderas".

Además de esto se impulsarán convenios con los ayuntamientos para que la Policía Local colabore en la detección de venta de material robado principalmente en talleres, desguaces y mercadillos. La Guardia Civil ya realiza en diferentes provincias campañas específicas de controles en los puntos de venta de chatarra y material agrícola de segunda mano.

Respecto al caso concreto de los invernaderos de Almería, se ha acordado trabajar en la "zonificación" del campo, para lo que se confeccionará un mapa "para garantizar el rápido acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Se trata de poner sitio, lugar y nombre para facilitar el acceso a las zonas del campo", ha dicho la máxima responsable del Ejecutivo en Andalucía, quien ha añadido que también se confeccionará una guía de prácticas.

Empresas de seguridad privada

Por otra parte y a petición de la patronal agraria, Crespo ha puntualizado que también se desarrollará una investigación sobre la actuación de empresas de seguridad privada "que no esté en regla" a fin de evitar prácticas laborales "irregulares" en la protección de las explotaciones agrícolas. En esta línea, ha apuntado la necesidad de "concienciar" a los agricultores para que utilicen "las máximas medidas" de seguridad de sus "negocios". "No puede haber un policía detrás de cada invernadero", ha apostillado.

La delegada ha recordado que el Gobierno se ha hecho eco de una "vieja demanda" de las organizaciones agrarias modificando el Código Penal para que los robos en el campo puedan tener consideración de delitos, aunque su cuantía no supere los 400 euros. "Hasta ahora se consideraban muchas veces faltas de hurto, lo que dejaba prácticamente sin pena y en la calle a los ladrones que operan en el campo", ha considerado.

Según la delegada del Gobierno en Andalucía, en el caso de Almería, y según datos provisionales facilitados por la Guardia Civil, en el primer trimestre de este año se produjeron en las explotaciones agrícolas y ganaderas almerienses 31 infracciones penales menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que equivale a un descenso del 6,2 por ciento.

Frente a las 503 infracciones penales —delitos y faltas— registradas en 2012, el número ha sido este año de 472. Los datos oficiales al cierre del ejercicio 2012 son muy positivos, ya que bajaron en 213 los delitos cometidos, lo que supone una bajada del 15,63 por ciento con respecto al 2011.

La delegada ha recordado que desde finales del pasado mes de febrero se ha contado en Almería con más de 40 efectivos entre Guardia Rural, un escuadrón de Caballería de la Guardia Civil y que durante este mes de abril se desplazarán hasta la provincia al menos otros 40 agentes. En el caso de Andalucía, las infracciones penales cometidas en el ámbito agrario al cierre del ejercicio 2012 se sitúan en niveles ligeramente superiores a los de 2012, con un incremento del dos por ciento.