Unos 85.000 andaluces sufren trastorno mental crónico y un 25% usa alguna vez los recursos de salud mental

Unos 85.000 andaluces sufren trastorno mental crónico y un 25% usa alguna vez los recursos de salud mental

"Alrededor de un 40 por ciento de los más de 16.000 presos que hay en la cárceles andaluzas padecen trastornos mentales", indica Chamizo

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha entregado este lunes al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, el informe especial sobre 'La situación de los Enfermos mentales en Andalucía', que "representa un compromiso y una exigencia ética con el colectivo de los enfermos mentales y de los movimientos asociativos de usuarios y familiares de las personas con enfermedad mental", ha señalado el Defensor. En este sentido, Chamizo ha indicado que, según las organizaciones, "unas 85.000 personas en la región padecen un trastorno mental de forma crónica y un 25 por ciento de la población en general ha utilizado alguna vez los recursos de salud mental en Andalucía".

En rueda de prensa, Chamizo, quien ha comenzado el acto leyendo algunos de los casos que llegan hasta la Defensoría, ha explicado que con este informe la institución "quiere ofrecer una análisis recopilatorio de la situación de estos enfermos extraídas de la multitud de quejas recibidas", una quejas cuyo número "se ha mantenido en 2011", señala. De dichas quejas se desprenden unas notas "muy características", como que "el protagonista es el familiar, acompañado o no del enfermo mental; presentan un complejo problema socio-familiar aparte de la problemática meramente clínica o social que presenten; relatan un largo peregrinaje por los distintos recursos sanitarios y sociales; o buscan y necesitan un recurso de media-larga estancia donde lo atiendan y estabilicen su situación".

Según el Defensor, el perfil "grave y endémico se describe con dos elementos que se presentan de la mano: un grave trastorno mental y una dramática situación familiar (con elevadas dosis de violencia familiar)". "Es aquí donde se ponen a prueba nuestros recursos que, en buena parte de ellos, concluyen con la desasistencia y situación de desamparo de estos enfermos, abandonados de todo y por todos y sin un horizonte de esperanza que pudiere mejorar su situación". Al respecto, recuerda que ya en 1995 la Institución "estudió el sistema alertando de la problemática expresada en las quejas"; además, añade, "nuestros informes anuales han mostrado sin falta las disfunciones que conllevó el proceso de reforma psiquiátrica en Andalucía".

Crisis y retraso en la dependencia "agravan" la situación

En este sentido, el Defensor indica que a este tipo de situaciones graves "no superadas" se unen ahora "otros factores que agravan esta situación irresuelta de manera muy singular: la crisis de las finanzas y su consecuencia en los recortes presupuestario de gasto sanitario y la regresión a que se está sometiendo la denominada Ley de Dependencia". No obstante, lamenta, "si estos dos aspectos, el sanitario y el social asociado a la dependencia, no fueran bastantes para dibujar un sombrío panorama sobre la enfermedad mental, se suma por parte del Gobierno de la Nación una batería de iniciativas legislativas reformadoras de las leyes nucleares del Estado de Bienestar —educación, pensiones, sanidad, dependencia, desempleo, reforma laboral, etcétera—.

Además, Chamizo se ha referido a la situación de la población reclusa. Así, ha indicado que "alrededor de 40 por ciento de los más de 16.000 presos que hay en la cárceles andaluzas padecen trastornos mentales y de la personalidad y un ocho por ciento, enfermedades graves". Por otra parte, y entre los menores, el Defensor ha explicado que, en 2011, "hubo 13.337 primeras consultas", mientras que el total de consultas "fue de 145.527".

"alto grado de estigmatización"

Ante esta situación, Chamizo señala que el informe expresa la "reflexión y preocupación por las posibles limitaciones en el acceso, nivel y calidad de las prestaciones sanitarias y sociales, cuya responsabilidad y gestión competen a los poderes públicos, constituyendo la atención y la protección de las personas con enfermedad mental una prioridad en las políticas de los países avanzados". Así, y sobre las deficiencias en este servicio público, el Defensor afirma que "se percibe una alto grado de estigmatización; falta de instrumentación jurídica para reforzar la seguridad jurídica de las personas afectadas y sus familias; o una insuficiencia de programas de atención que contemplen una dimensión integral y multidisciplinar de la persona".

En este sentido, según este informe, "es crucial la implantación total de los tratamientos asertivos comunitarios; el incremento del número de Comunidades Terapéuticas —elemento fundamental para garantizar la continuidad de los cuidados— y la mejora del ambiente terapéutico en las unidades de hospitalización". Además, destaca la "insuficiencia" en lo que se refiere a estructuras intermedias, "donde se estabilice la persona cuando sale del hospital, para que no vaya directamente a casa"; la "demora" en el reconocimiento y aprobación de los expedientes asociados a la dependencia; y las "graves carencias" de asistencia psiquiátrica en los Centros Penitenciarios.

Así las cosas, el Defensor del Pueblo Andaluz pide "respuestas coherentes y decidas para superar estas carencias que presenta el Sistema y que evidencian los aspectos más críticos de su trabajo", porque "pese a que la reforma psiquiátrica supuso un paso histórico, valiente y teóricamente diseñado", la implantación progresiva "se ha demorado y, hoy, se encuentra casi paralizada por los efectos de la crisis".

"La 'pandemia de siglo XXI', como definió la OMS a la enfermedad mental ya está aquí, y no nos ha pillado preparados, ni tan siquiera capaces de atender problemas que vienen de antiguo", lamenta, toda vez que asegura que las "perspectivas no son mejores porque minoran profesionales, retrasan medidas anunciadas, restringen ayudas a las entidades colaboradoras y los recursos de atención desaparecen".

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