El grupo MÉS pedirá responsabilidades por los despidos nulos que pueden costar 40 millones de euros a las arcas públicas

El grupo parlamentario MÉS ha anunciado este lunes que pedirá responsabilidades por los despidos "nulos" que se han practicado en la administración autonómica durante la presente legislatura, después de que, según la coalición nacionalista, el Govern "haya reconocido el error".

El grupo parlamentario MÉS ha anunciado este lunes que pedirá responsabilidades por los despidos "nulos" que se han practicado en la administración autonómica durante la presente legislatura, después de que, según la coalición nacionalista, el Govern "haya reconocido el error".

Ante ello, MÉS ha pedido la comparecencia urgente del conseller de Presidencia, Antoni Gómez, para que rinda cuentas ante del Parlament ante un error que puede costar 40 millones de euros a las arcas públicas de la comunidad autónoma.

En un comunicado, la coalición nacionalista ha recordado que ellos han denunciado "reiteradas veces" que la actuación del Govern en cuanto a la gestión del personal en la reestructuración del sector público instrumental -que afecta a unas 800 personas- "había sido negligente", y que se habían despedido a casi más de 300 personas en situación laboral de indefinido no fijo, "sin negociación y sin respetar sus derechos laboral".

Así, desde MÉS han constatado que los tribunales de justicia "ya han resuelto varios de los recursos presentados a raíz de dicho despidos, dando la razón al trabajadores y obligando al Govern a pagar el salario de tramitación y la readmisión al puesto de trabajo de origen" a los empleados afectados.

Con todo, ha lamentado que el Ejecutivo isleño haya decidido recurrir estas sentencias, "a pesar de que ello no le libera de la obligación de readmitir a todos los trabajadores indefinidos no fijos con sentencia de nulidad".

Por último, el diputado Nel Martí ha advertido que la decisión del Govern lo que hace es "desplazar al próximos Ejecutivos el coste de una más que probable sentencia del TSJ favorable a los trabajadores" y que podría suponer un coste final de más de 40 millones de euros, "contando el salario de tramitación, el salario durante los años de espera de la sentencia y la indemnización por ejecutar la amortización ajustada a ley".

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