El Gobierno de Cantabria, a través del Grupo Parlamentario Popular, ha impulsado una iniciativa parlamentaria para solicitar la colaboración de todas las instituciones competentes para paliar las consecuencias "negativas" de una directiva comunitaria (2001/37/CE) para el sector del tabaco y, en consecuencia, para el empleo y la economía de la región y, concretamente, en la fábrica de El Bosque.

Según ha informado el Gobierno en nota de prensa, con el objetivo de proteger a este importante sector, el Ejecutivo que preside Ignacio Diego, trata de implicar, con el apoyo de los grupos de la Cámara regional, a otros gobiernos autonómicos afectados por la misma problemática, al Gobierno de España, las Cortes Generales, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, con el fin de evitar posibles pérdidas de puestos de trabajo y la previsible disminución de ingresos.

En el marco de implicar a todas las instituciones y organizaciones, el presidente de Cantabria se ha reunido este lunes con el comité de empresa de la fábrica de Entrambasaguas, que ha trasladado a Diego su preocupación y posibles medidas a adoptar para evitar los efectos en el empleo que tendría en Cantabria y en otras comunidades cultivadoras o productoras.

Tal y como ha explicado la presidenta del comité de empresa, María Teresa Romero, vienen manteniendo contacto permanente con los representantes de los trabajadores del resto de fábricas afectadas en España para tratar de consensuar una postura común.

Con esta iniciativa, el Parlamento de Cantabria se sumaría a las ya aprobadas en defensa del sector en los parlamentos de Navarra, Extremadura, Canarias y La Rioja, así como a la aprobada en febrero en el Congreso de los Diputados.

En todas estas declaraciones se advierte de los riesgos que trae consigo la propuesta comunitaria, que actualmente se encuentra en debate legislativo, y las consecuencias negativas para la economía de nuestro país. Además, otros ocho países europeos han planteado ya su oposición a la futura norma, con pronunciamientos similares a los que se están formulando en España.

Según explica el Ejecutivo, la Directiva Comunitaria 2001/37/CE pretende aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativas al contenido máximo de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono de los cigarrillos; a las advertencias sanitarias y otras advertencias que deberán figurar en las unidades de envasado de los productos del tabaco, y en relación a los ingredientes y a las denominaciones de los productos del tabaco.

Esta norma, debido especialmente a la eliminación de las marcas en las cajetillas, afectaría a toda la cadena de valor de este importante sector económico en España (cultivo, transformación, fabricación, distribución y venta) y en Cantabria tendría un serio efecto, dado que la región cuenta con una de las principales plantas de elaboración de la empresa Altadis, con 300 puestos de trabajo directos y 100 indirectos.