La nueva reforma local del Govern supondrá la reducción de unos 1.000 cargos remunerados en los entes municipales y limitará los sueldos de los alcaldes, según ha explicado este lunes la vicepresidenta del ejecutivo catalán, Joana Ortega.

En un almuerzo informativo del Foro Europa-Tribuna Cataluña, la vicepresidenta ha presentado los grandes ejes de la nueva ley catalana de gobiernos locales, que ya dibujó  hace unas semanas en el Parlament.

Ortega ha recordado que Cataluña tiene competencias exclusivas en este ámbito, en un momento en el cual el Gobierno central también ultima una reforma local, que prevé aprobar en julio. En ese sentido, ha subrayado que el Constitucional no ha discutido nunca la competencia exclusiva de la Generalitat, así que la nueva normativa nace con "plena seguridad jurídica".

La nueva ley local catalana, de la cual sólo están excluidos para tener un régimen propio el Consejo General de Aran y Barcelona, pretende combatir la duplicidad de administraciones y, así, establece que no habrá consejos comarcales donde haya una área metropolitana, como es el caso de la capital catalana.

El proyecto de ley también prevé que las cuatro diputaciones pasen a ser vegueries (jurisdicción administrativa tradicional catalana), a la espera que se apruebe otra ley para incrementar el número de estos entes supramunicipales de 4 a 7 (Ámbito Metropolitano de Barcelona, Alt Pirineu y Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Girona, Ponent y Terres de l'Ebre).

La vicepresidenta ha sido presentada por el alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), en un acto al cual han asistido un centenar de personas, entre ellas los consejeros de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, el de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, y el de Salud, Boi Ruiz, así como el abogado Miquel Roca y el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls.

Ortega ha defendido que la nueva ley es "valiente y ambiciosa" con los objetivos de "eficiencia, sostenibilidad y transparencia" y que se ha negociado durante los últimos meses con el territorio.

Para limitar las retribuciones, la ley estipula que en las gerencias de los consejos comarcales haya cargos eventuales asignados por concurso a profesionales, con lo que se estima que se eliminarán 1.034 cargos públicos remunerados. Además, los alcaldes tendrán limitado su sueldo en función de la población, las circunstancias económicas del ente municipal y las tareas que desempeñe el receptor del sueldo público.

También se fomentará la mancomunidad de servicios y la fusión voluntaria de municipios, tal como han solicitado recientemente Esterri d'Àneu, Alt d'Àneu, Guingueta y Espot, los cuatro en la comarca del Pallars Sobirà (Lleida).

Para garantizar la sostenibilidad de los municipios, el nuevo ordenamiento prevé que la Generalitat no pueda delegar servicios si no van acompañados de recursos necesarios para ofrecerlos.

La Generalitat catalana instará a universidades públicas catalanas a externalizar los servicios de residencia de estudiantes, utilizar ahorros acumulados y vender patrimonio que no tenga relación con la actividad docentes como medidas excepcionales para obtener "ingresos extraordinarios" con el fin de afrontar las dificultades económicas de este 2013 y 2014.

Así lo ha explicado el secretario de Universidades e Investigación del Govern, Antoni Castellà, en una entrevista de Europa Press, en la que ha señalado estas medidas para suavizar el impacto del ajuste que, con toda seguridad, deberá aplicar este año al sistema universitario, que desconoce y ha admitido que "ha tocado fondo".

"Si hay un recorte en el presupuesto tendremos que buscar caso por caso una política extraordinaria de ingresos, pero no interiorizada en su estructura, que es lo que hemos hecho durante estos dos años. Esta es la diferencia sustancial", ha relatado Castellà.

En ese sentido, ha abogado por que los centros públicos se desprendan de edificios antes de llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE): "Siempre es mejor realizar patrimonio que no medidas que afecten a las personas y al capítulo uno de las universidades", si bien ha sugerido que tendrán que estudiar la situación de cada universidad.

"En temas de profesorado tenemos una ratio de un docente por cada doce estudiantes", mientras que la media de la OCDE es de un profesor por cada 20 alumnos, por lo que, pese a los recortes de personal se ha mantenido la calidad del sistema, ha subrayado.