El Gobierno portugués advirtió este sábado de que la decisión del Tribunal Constitucional luso de anular varias de las medidas de ajuste aprobadas en sus Presupuestos para 2013 coloca en riesgo al país en la renegociación de los plazos de la deuda y poner en causa su "credibilidad externa".

Después de una reunión del Consejo de Ministros que se prolongó más de tres horas, el secretario de Estado Luís Marques Guedes, anunció en una declaración sin derecho a preguntas que el Ejecutivo no está de acuerdo, pero "acata" la decisión del Constitucional, aunque recalcó que tendrá consecuencias negativas.

El portavoz del Ejecutivo subrayó que, además de los efectos en los presupuestos de 2013 —en los que supone unos mil millones de euros— la sentencia cuestiona la credibilidad "conquistada por el esfuerzo de los portugueses" ante sus socios y acreedores internacionales.

En su opinión, la sentencia perjudica los esfuerzos de Portugal para lograr en la reunión que los ministros de Economía y Finanzas europeos celebran la próxima semana en Dublín el apoyo de sus socios para alargar el plazo de los préstamos concedidos al país, algo por el que el Gobierno "tanto ha luchado".

Ese aplazamiento, dijo Marques Guedes, es "esencial" en la estrategia de Portugal para cerrar con éxito el programa de asistencia financiera en 2014, tal y como estaba previsto en el rescate financiero que el país pidió hace hoy dos años.

El secretario de Estado defendió, asimismo, que el Constitucional "no tuvo en cuenta el esfuerzo realizado por el Gobierno para hacer más equitativa la contribución de los trabajadores del sector público y del privado".

El jefe de Estado luso, Anibal Cavaco Silva, manifestó por su parte que el Gobierno "dispone de condiciones para cumplir su mandato" tras una reunión con el primer ministro, Pedro Passos Coelho, que este pidió con urgencia.

Passos Coelho solicitó la audiencia para obtener "una rápida clarificación del Estado sobre relevantes aspectos puestos en causa por la sentencia" y el presidente emitió un breve comunicado en el que manifestó su empeño en que Portugal "honre sus compromisos internacionales".

La decisión del Tribunal Constitucional luso pone en un grave apuro al Gobierno de Pedro Passos Coelho, que deberá buscar nuevas alternativas de ahorro.

El 16 de mayo de 2011, Portugal, a cambio de un duro plan de recortes, recibió una ayuda financiera de 78.000 millones de euros —52.000 millones aportados por la UE y los otros 26.000 por el Fondo Monetario Internacional, FMI— en una serie de tramos hasta 2014.

El rescate también incluía una partida de 12.000 millones de euros destinados a hacer frente a "eventuales necesidades de capitalización" de la banca, que al final recibió dicha ayuda en diciembre. A cambio del rescate, se exigía a Portugal un duro programa de ajuste fiscal, reformas estructurales y mantenimiento de la solvencia financiera.

Así, el Ejecutivo portugués aprobó la privatización de empresas y servicios públicos, la congelación de salarios y pensiones o la subida de impuestos para reducir el déficit hasta el 3% antes de 2014.

No obstante, el pasado 15 de marzo, la UE y el FMI concedieron a Portugal más tiempo para aplicar sus ajustes, por el deterioro de las condiciones externas, y le dieron otro año, hasta 2015, para conseguir situar por debajo del 3% su déficit público, después del 6,4% con que cerró el ejercicio de 2012.

Dentro de las medidas de ajuste, el Gobierno portugués también aprobó una ley para capitalizar los bancos, aumentó las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social y redujo las aportaciones de las empresas.

El 4 de junio de 2012, los técnicos de la troika —Banco Central Europeo, FMI y Comisión Europea— dieron por buenas las cuentas del país y ordenaron el desembolso de 4.100 millones de euros, es decir, del quinto tramo del rescate acordado en mayo de 2011 para salvar a Portugal de la bancarrota.

Meses más tarde, el 7 de septiembre, el Gobierno portugués presentó una subida de 7 puntos en la contribución de los trabajadores a la Seguridad Social y la bajada en casi 6 de las cuotas empresariales, pero la presión social y las discrepancias en la coalición gobernante le obligaron a dar marcha atrás.

En su lugar, los Presupuestos para 2013 —aprobados por el Parlamento el 27 de noviembre— incluyeron un importante aumento de la presión fiscal a través de los impuestos sobre la renta.

Algunas de estas medidas han sido declaradas inconstitucionales y discriminatorias en una sentencia del Tribunal Constitucional, entre ellas la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas y el recorte de subsidios de desempleo (6 %) y enfermedad (5 %).

Este fallo del alto tribunal luso es el segundo que descalifica las medidas de ahorro del Ejecutivo conservador, ya que el pasado julio los magistrados consideraron discriminatoria la suspensión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas y no al sector privado, pero no impidieron que la medida se aplicara ese año por la situación financiera del país.

Además, dicho fallo fue visto por el mercado como una amenaza para la credibilidad de las finanzas lusas y sirvió de excusa para que la izquierda solicitara la renuncia del jefe del Gobierno, que ha visto cómo esta semana también ha dimitido su ministro de confianza, Miguel Relvas.

Ahora, el Ejecutivo se verá obligado a buscar otras formas para cumplir las metas del déficit público, que podría subir cerca de un punto porcentual.