El Gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta, como le ocurrió al de José Luis Rodríguez Zapatero, al reto de conseguir un modelo de financiación autonómica que contente a todas las comunidades autónomas pero sin dejar de mirar a Cataluña.

El Estatut catalán condicionó el modelo de financiación que en 2009 impulsó el Gobierno socialista y sigue en vigor todo este año, un sistema del que reniegan los populares y han prometido cambiar, aunque en su momento, cuando se aprobó, las comunidades del PP se abstuvieron y reconocieron que les aportaba más recursos.

En esta ocasión, la reciente reunión entre Rajoy y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, generó sospechas sobre la posibilidad de que el Ejecutivo atendiese a las demandas económicas de la Generalitat —que quiere un acuerdo bilateral de financiación— para frenar la consulta soberanista.

El pasado miércoles, Rajoy llamó a la unidad de sus dirigentes regionales, prometió hablar con todos de la financiación y les aseguró que no piensa hablar con nadie —en este caso con Mas— de lo que se salga de la legalidad.

Desde el Partido Popular, su vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, ha asegurado que no hay ninguna intención de repetir la experiencia "bilateral" del Gobierno de Zapatero con Cataluña que dio lugar al modelo de financiación actual.

Arenas admite que los populares son "conscientes" de que hay una "situación compleja" en Cataluña que hay que abordar y a la que el Gobierno está dedicando "muchas energías".

Pero el "balance final" que desean, añade, es un acuerdo que contemple a todas las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Ha asegurado además que el PP mantendrá una "sola posición" en la reforma de la financiación autonómica, y lo ve compatible con que los presidentes de las comunidades que gobierna su partido defiendan sus intereses concretos.

"Habrá unos hilos conductores que nos marquen a todos", prosigue Arenas, para quien el modelo deberá respetar la Constitución, permitir la financiación de los servicios públicos básicos y garantizar la solidaridad entre territorios.

El dirigente popular rechaza así que vaya a haber diferencias de fondo en el seno de su partido en esta negociación que se prevé ardua y sobre la que numerosos barones populares han empezado a poner condiciones sobre la mesa.

Por ejemplo, Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, que este viernes aseguró que defenderá "hasta el final" un modelo de financiación singular para Cataluña, dentro del régimen común de las CCAA, y no descartó incluso romper la disciplina de voto de su partido si no se acepta su propuesta.

Otros, por el contrario, ya han advertido de que darán la batalla por un modelo común, como el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien no quiere modelos "a la carta para unos en contra de otros" y peleará para que no haya "agravios" como los que, en su opinión, quiere impulsar Cataluña.

Y en medio de este debate que aún está empezando, surgen propuestas como la del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, sobre la posibilidad de trasferir a las comunidades el cien por cien del IRPF.

Los socialistas aseguran que están dispuestos a sentarse a negociar el nuevo sistema de financiación, conscientes de que las comunidades pasan apuros económicos que el actual modelo no preveía, como tampoco la merma de ingresos que la crisis iba a conllevar.

Fuentes socialistas han explicado que formularán sus propuestas cuando el Gobierno se avenga a hablar de forma "seria y rigurosa" y no mediante simples "globos sonda" como los que, según el PSOE, está lanzando hasta ahora.

Sus bases serán la solidaridad entre territorios, la colaboración y la financiación suficiente para los servicios públicos, teniendo en cuenta que el 75 por ciento del gasto de las autonomías está dedicado a sanidad y educación.  Lo que no van a permitir es que haya un trato discriminatorio de unas autonomías respecto de otras.

Una tesis que defendió esta semana el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba: "Debe haber un tratamiento en condiciones de igualdad, partiendo del principio de que las comunidades tienen dificultades financieras importantes".

Una igualdad que habrá que ver si también se defiende en el seno del propio PSOE, donde pueden surgir también diferencias territoriales.

El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Francisco Álvarez de la Chica, ya advirtió, tras conocer la reunión entre Mas y Rajoy, que su partido se va a oponer "radicalmente" a que se destine "un céntimo de los andaluces" a "acallar las reivindicaciones independentistas" de Cataluña.

En lo que coinciden el PSOE, el PP y la mayoría de los partidos es en que el modelo que acabe poniéndose en marcha no sea discriminatorio y garantice la solidaridad.

Eso sí, CiU advierte, en medio de este debate que abrió la reunión Rajoy-Mas, que "Cataluña apuesta por un modelo que contemple una relación bilateral con el Estado" y que permita la creación de una agencia tributaria propia.

Son palabras del portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, quien en cualquier caso subraya que esta formación apuesta por intensificar al máximo el diálogo con el Gobierno central.

A la espera de que arranque la negociación, en Izquierda Unida hay escepticismo por cuál será la posición del Gobierno, porque entienden que tanto en esta cuestión como en otras el Ejecutivo persigue avanzar en la "recentralización" del Estado y reducir las comunidades a meras delegaciones administrativas del poder central, según señalan fuentes de la formación.

De la misma manera, IU cree que el Gobierno quiere "criminalizar" a las autonomías en este entorno de crisis económica.

Por eso le exige que, del mismo modo que pide a la UE relajar el objetivo de déficit para España, traslade esa flexibilización a las comunidades, y negocie objetivos individuales de déficit, algo que ya está estudiando el Gobierno.

Totalmente en contra de acordar un déficit "a la carta" está el "número dos" de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, porque lo considera una herramienta de "presión política" que parte de Cataluña.

Sobre el modelo de financiación, Gorriarán explica que UPyD está viendo "con bastante cariño" el modelo alemán, según el cual los länder más ricos aportan más al sistema para que los otros tengan un nivel suficiente de ingresos.

Insiste, en cualquier caso, en que las competencias autonómicas se deben fijar con "precisión" y es partidario de que las comunidades gestionen sus propios impuestos, siempre que se haga con "rigor".

Para Ana Oramas, de Coalición Canaria, si se abre el melón de la financiación autonómica debe ser para dar solución al asunto de las competencias de las comunidades autónomas. Espera además que el nuevo modelo acabe con las "grandes distorsiones" del actual, que han tenido un efecto "terrible" en su comunidad.

Oramas advierte de que la propuesta de Margallo de ceder el 100% del IRPF supondría que las regiones más pobres seguirían siéndolo y sería necesario un "coeficiente de solidaridad".

Todas éstas son, en cualquier caso, posiciones iniciales que se irán desarrollando cuando empiece en serio esta negociación.

No será de forma inmediata porque, como ha reconocido Javier Arenas, el Gobierno quiere que este 2013 sea un año para la evaluación del sistema actual y el diseño del nuevo.

El deseo es, en realidad, que cuando el nuevo modelo se aplique haya dinero que repartir.

"Lo lógico y lo conveniente es que la aplicación del nuevo sistema de financiación coincida con la mejora de los ingresos fiscales", ha dicho Arenas.