Los datos no son graves, insistió el consejero, pero son suficientes. Por eso, entre las medidas que se desarrollarán para mejorar la convivencia está elaborar un decreto sobre los derechos y deberes de los alumnos y los familiares que se prevé esté aprobado este curso. En él se aumentarán los derechos de los estudiantes y se contemplarán medidas reeducativas unidas a las correctoras. «Estas sanciones deberán ser aceptadas por los familiares de forma obligatoria», recalcó Guisasola, quien añadió que los procesos para imponerlas se agilizarán y que los padres deben implicarse.
De los problemas mostrados por los centros un 64,1% son entre profesor y alumno, la mayoría son casos de desobediencia poco graves. Un 27,4% son entre alumnos, la mayoría insultos sin llegar a la agresión física. El resto son agresiones contra las instalaciones. Además, el curso pasado se registraron 44 casos de bullying.
Atentado a la autoridad
A partir de ahora, las agresiones que se produzcan contra los profesores de Castilla y León serán tratadas por el fiscal como atentados contra la autoridad pública docente, según el sindicato Anpe. Esta denominación supone un agravamiento del delito porque los docentes son considerados autoridad pública, como los policías.
Las cifras
5,08% de los 350.399 estudiantes de la región generaron conflictos en todo el curso pasado.
33.063 incidencias se dieron a conocer por los centros en ese tiempo.
8.432 incidencias fueron riñas sin agresión física entre alumnos.
661 casos de conflictos entre iguales con intimidación hubo el curso pasado.
185 intervenciones policiales fueron necesarias en el mismo periodo. También hubo 191 sanitarias, 595 sociales y 115 judiciales.
2 profesores y un administrativo solicitaron asistencia jurídica.
536 de los 1.112 centros totales comunicaron incidencias.
97% de los centros realizaron actividades de prevención.


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