El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado este viernes de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha acordado el archivo de la denuncia presentada contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por supuesta vulneración de derechos fundamentales y contra la Administración Pública.

El auto del juez desestima la pretensión de la denuncia al entender que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "ha resuelto declarar la legalidad del ERE, lo cual debe implicar como lógica consecuencia que el Derecho Penal ya no tenga ocasión de entrar en la presente cuestión, ya que dicho Tribunal, en cuanto a garante de los derechos fundamentales de los trabajadores no ha advertido irregularidad al respecto".

En este procedimiento, el Consistorio ha facilitado toda la documentación requerida por el juzgado sobre este asunto, entre ella, la relativa a personas con discapacidad que se vieron afectadas por este procedimiento, según han apuntado en una nota de prensa desde el Ayuntamiento.

En ese sentido, la concejala del área de Personal, Pilar Fernández-Fígares, ha destacado que el Consistorio actuó con transparencia y cumpliendo con la legalidad durante toda la tramitación. "Tanto el TSJA como Inspección de Trabajo avalaron nuestra decisión porque comprobaron que nuestro único objetivo era garantizar la estabilidad económica del Consistorio", ha subrayado la edil.

La concejala ha manifestado que la insuficiencia presupuestaria en la que se encontraba el Ayuntamiento, "con una deuda cuando accedimos al Gobierno de 300 millones de euros, se vio agravada con la obligación legal de aprobar un plan de ajuste —que fue informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda— y que decía que había que bajar el gasto de personal en seis millones de euros". "Convocamos a los sindicatos y tuvimos 11 reuniones infructuosas y que acabaron en la reducción del número de empleados", ha recordado Fernández-Fígares.

En este sentido, ha subrayado que este equilibrio presupuestario conseguido en las cuentas municipales ha permitido devolver a la ciudad en forma de reversión de servicios ese esfuerzo económico que mediante el pago de impuestos están haciendo.

"Nos hubiera gustado cualquier tipo de medida antes que los despidos, pero no se aceptaron fórmulas alternativas, ni una bajada de sueldo, y al final no quedó más remedio que acudir a este despido", ha apuntado.

El coste de la plantilla suponía para el Ayuntamiento en torno al 90 por ciento de los ingresos, con la existencia de 1.362 empleados, de los que una parte prestaban servicios de forma indirecta, según el Consistorio.

Fernández- Fígares ha señalado además que el equipo de gobierno ha adjudicado ya el plan de recolocación para los trabajadores afectados por este Expediente de Regulación de Empleo, que serán tutelados por una empresa con un completo itinerario de inserción profesional.