El Gobierno realizará una inversión de 2.500 millones de euros en los nuevos programas de vivienda, de los que 1.500 millones irán destinados a facilitar el acceso al alquiler y otros 627 millones a la rehabilitación de edificios, con la eficiencia energética como objetivo. Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El objetivo de este paquete de medidas es garantizar la flexibilidad a una vivienda digna para paliar la situación de los colectivos más vulnerables, mejorar el estado de conservación de las viviendas y la reconversión de un sector como el de la construcción, según ha señalado la ministra de Fomento, Ana Pastor. Tanto la ministra como la vicepresidenta han asegurado que por cada 1.000 euros de ayuda a la rehabilitación se genera una inversión productiva de 3.300 euros. Pastor ha estimado en 32.000 los empleos directos que se crearán por las ayudas del Estado y ha elevado la cifra a 105.000 puestos de trabajo en cuatro años dado el "efecto dinamizador".

Pastor ha concretado que en el caso del arrendamiento, se incluirá un programa de ayudas que permitirá alcanzar los más de 133.000 beneficiarios, frente a los 80.000 actuales. Estos beneficiarios serán con carácter general personas con un límite de ingresos menor a tres veces el Iprem —menos de 1.597 euros al mes— y una renta de alquiler igual o menor de 600 euros. Las ayudas, a las que tendrán acceso preferente las familias desahuciadas, variarán en función del número de miembros y la composición de la unidad de convivencia, no podrán superar el 40% de la renta, y se concederán durante un año, prorrogable si se mantienen las condiciones.

En el marco del programa de fomento del parque público de vivienda en arrendamiento, las ayudas serán de 250 euros por metro cuadrado y un límite del 30% del coste de la edificación, hasta los 22.500 euros por piso. “Hay viviendas vacías pero determinados lugares siguen necesitando viviendas construidas por la administración orientadas al alquiler”, ha argumentado Pastor.

Entre las medidas para impulsar la rehabilitación, el Ejecutivo ha anunciado que el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) presupuestará 100 millones de euros para este año con el fin de incentivar a propietarios y comunidades de vecinos a llevar a cabo actuaciones que permitan ahorrar en la factura energética, mediante ayudas o préstamos "muy razonables", en palabras de la vicepresidenta. Las ayudas directas se elevarán al 20% del valor de la obra en la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los inmuebles, es decir, el aislamiento de fachadas y ventanas, y en mejoras de las instalaciones térmicas, como las calderas. A ello se sumarán préstamos blandos (euribor más cero) que pueden llegar hasta el 80 o el 100% del valor cuando se sustituya la energía convencional por biomasa o por energía geotérmica.

En la rehabilitación de edificios completos, anteriores a 1981, las ayudas serán de hasta 4.000 euros por vivienda y no más del 35% del presupuesto, en tanto que el programa para renovación urbana —100 viviendas mínimo, salvo casos históricos degradados— tendrá una ayuda máxima del 35% del presupuesto, hasta los 11.000 euros por vivienda rehabilitada. En el caso de la ejecución de proyectos de especial transcendencia, las ayudas serán del 40% del presupuesto.

Para contextualizar estas iniciativas, la ministra ha dado aportado algunas cifras durante su intervención, como el hecho de que en España el alquiler representa solo el 17% del mercado de la vivienda —porcentaje que en Europa es del 38%— o que de las 26 millones de viviendas que hay en España, 15 millones tienen más de 30 años y casi seis millones más de 50. También ha apuntado que el 60% de las viviendas, que representan el 17% de la energía que consume el país, se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética y el 38% de los españoles declara no estar satisfecho con el aislamiento de su hogar.