El PP andaluz ha pedido a la juez Mercedes Alaya, encargada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, que investigue los expedientes administrativos íntegros y los pagos de las subvenciones excepcionales otorgadas por la administración autonómica a Astilleros de Huelva el 15 de diciembre de 2011 por valor de cinco millones de euros.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en Sevilla la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, que ha asegurado que su partido considera que estas ayudas "revisten carácter ilícito penal por incumplir la orden de 1 de abril de 2011, la Ley General de Subvenciones y las directrices de la Intervención General de la Junta".