Sorando imputa al jefe de prensa de Migoya y a la jefa de la secretaría técnica de Educación en la Operación Marea

Solicita una prueba caligráfica para saber si los contratos ficticios fueron o no firmados por la exconsejera de Educación
Audiencia Provincial de Oviedo
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EUROPA PRESS
Audiencia Provincial de Oviedo

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Ángel Sorando, que investiga un presunto caso de contrataciones irregulares denominado 'Marea' en el seno del Gobierno del Principado bajo la presidencia de Vicente Álvarez Areces, ha imputado en la causa a Ignacio Poncela García, jefe de prensa de la consejera de Cultura, Ana Rosa Migoya —también imputada- y a la jefa de la oficina técnica de la Consejería de Educación, Gloria González Baschwitz.

Según el Auto del juez con fecha de 15 de marzo de 2013, al que ha tenido acceso Europa Press, de las declaraciones prestadas durante la instrucción se desprende que una de las personas "enchufadas" en Cultura era la hermana de Ignacio Poncela, jefe de prensa de la entonces consejera de Cultura, Ana Rosa Migoya.

Sorando destaca que esta declaración coincide con las imputaciones que realizó la también acusada Marta Renedo, por lo que procede a tomar declaración como imputado a Ignacio Poncela, "por si hubiera influido para que se contratara irregularmente a su hermana, y se pagaran facturas falsas para cubrir sus retribuciones".

Por otro lado, el juez ha fijado la declaración como imputada de la jefa de la oficina técnica de la consejería de Educación, Gloria González Baschwitz, al desprenderse de las declaraciones prestadas por otra testigo y que coinciden con lo que manifiesta el/la testigo protegido/a sobre que "buena parte de las facturas ficticias pagadas por la consejería de Educación a Igrafo, Apsa y Nora por obras nunca realizadas en diversos institutos tuvieron que ser conformadas por Gloria González.

Por ello, Sorando considera precisa su declaración que será el 16 de abril a las 09.00 horas, "dado que además existe otra causa respecto a ella por posibles negociaciones prohibidas a los funcionarios".

En el mismo Auto, el magistrado señala que del estado de las presentes actuaciones "se deduce la necesidad de practicar pericial caligráfica para saber si los contratos ficticios supuestamente firmados por la entonces consejera de Cultura, Ana Rosa Migoya, fueron firmados o no por ella".

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