La comisión de seguimiento de los contratos de la Denominación de Orixe (D.O.) Rías Baixas se ha reunido este jueves para abordar los impagos de bodegas a viticultores procedentes de la vendimia de 2011. El encuentro se ha saldado, según asegura el Sindicato Labrego Galego (SLG), con la convocatoria de un acto de conciliación entre Sucesores de Benito Santos y ocho productores que la denunciaron.

En un comunicado, el SLG asegura que recurrirá a la vía judicial si fracasan tanto el acto de conciliación como el arbitraje de la Xunta en los casos de impagos en la D.O., que vincula con bodegas como Gran Bazán, Núñez Andión, Lagar da Condesa y Sucesores de Benito Santos. Además, destaca que la reunión de esta jornada se produjo "gracias a la campaña de denuncia" desarrollada por la propia central agraria.

En los contratos firmados en aquella campaña había una cláusula que obligaba, en caso de incumplimiento, a pasar por un acto de conciliación y, en caso de fracasar este, por el arbitraje de la Xunta, antes de acudir a la vía judicial, explica el sindicato.

"Esperamos que las bodegas entren en razón y acepten pagar la uva que compraron en 2011 en el acto de conciliación", apunta y advierte de que, en caso de que este y el arbitraje no prosperen, los servicios jurídicos del SLG prestarán apoyo y asesoramiento a los viticultores afectados por los impagos.

Ley de cadena alimentaria

En este sentido, recuerda que la nueva ley de cadena alimentaria, aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de febrero y ahora en trámite parlamentario, tipifica como falta muy grave "el incumplimiento de plazos de pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios", con sanciones a los infractores que van de los 3.001 a los 100.000 euros.

Para la organización, "esta ley sienta un precedente que obligará a las bodegas de Rías Baixas a abolir una práctica comercial a todas luces abusiva, como es pagar la uva un año y pico después de ser vendimiada y vendida".