El juez José María Fernández Seijo, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona y que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha rechazado este jueves "de manera radical" las manifestaciones ante las viviendas de políticos, conocidas como 'escraches', ya que "el fin no debe justificar los medios" y "la utilización de instrumentos coactivos, aunque sean de baja intensidad, no es buena para la Democracia".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en Sevilla en el seminario 'Las ejecuciones hipotecarias en España tras la Sentencia de 14 de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea', organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla con la coordinación del bufete 'Moreana, Abogados y Economistas', el juez ha señalado que la presión social es "buena" para que se cambien las leyes, pero "los límites deben ser firmes y le hacemos un flaco favor a las instituciones democráticas si miramos para otro lado cuando se intenta coaccionar aunque desde la perspectiva social sea legítimo".

Asimismo, ha afirmado que este movimiento "no va a conseguir resultados" y puede terminar diluyendo el consenso social conseguido por las plataformas de afectados al "superar los límites razonables". "A ninguno nos gustaría que por nuestro trabajo vinieran a casa a afear nuestra conducta delante de nuestros hijos o familiares más cercanos", ha subrayado.

Además, ha apuntado que si se quiere que la protesta social conecte con la gente "no se pueden utilizar medios coactivos", aunque ha señalado que "los gobiernos no han tenido la sensibilidad o la capacidad" para resolver este tipo de problemas.

Fernández Seijo que "le perdió el miedo" al Tribunal de Luxemburgo tras un viaje con la Facultad de Derecho ha señalado que la sentencia de 14 de marzo, que declara contrarios al Derecho de la Unión Europea determinados puntos de la legislación hipotecaria y de la normativa española sobre ejecuciones y desahucios, ha tenido "más impacto emocional que jurídico" al coincidir en el tiempo con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso que pedía la dación en pago.

No obstante, ha recordado que esta sentencia en sí "no va a solucionar todos los problemas" ante la situación que viven muchas familias y ha instado a "no demonizar" a un colectivo heterogéneo como es el de las entidades financieras. "Muchas han sido sensibles y han reaccionado, incluso algunas paralizaron ejecuciones antes de la sentencia", ha subrayado.

De igual manera, ha apuntado que la Ley Hipotecaria no ha cambiado hasta ahora porque "las deficiencias del sistema se detectan una vez se inicia la crisis", y, en este marco, las entidades han buscando defender su interés pero "también son las primeras en querer cambiar la Ley".

En este sentido, ha destacado que la directiva europea de 1993, en la que se basa la sentencia de Luxemburgo, debía concretarse para España en dos años y, en su ausencia, era aplicable directamente. Al no llegar aquel paso entonces, ahora con "20 años de retraso" ha saludado este paso.

SEMINARIO

El I Seminario de Urgencia sobre Cuestiones Jurídicas de Actualidad se celebra en Sevilla y ha abordado este jueves 'Las ejecuciones hipotecarias en España tras la Sentencia de 14 de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea'.

Tras las palabras de bienvenida del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, Antonio Merchán Álvarez, y de la presentación del mismo por parte de su director, Carlos Fidalgo Gallardo, la primera ponencia ha sido impartida por el magistrado del juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, en la que ha explicado la cuestión prejudicial planteada en su juzgado que dio lugar a esta sentencia.

La segunda ponencia titulada 'las condiciones generales de la contratación y sentencia de 14 de marzo de 2013 del TJUE' ha sido impartida por el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, Luis Humberto Clavería Gosálbez.

Por su parte, la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla Isabel González Cano explicará en la tercera ponencia las cuestiones procesales en torno a esta sentencia.