El Parlamento andaluz rechaza pedir a la Junta que anule la subasta de medicamentos como solicita el PP-A

El Parlamento andaluz rechaza pedir a la Junta que anule la subasta de medicamentos como solicita el PP-A

El Pleno del Parlamento ha rechazado, con los votos en contra de PSOE-A e IULV-CA, una proposición no de ley presentada por el PP-A, en la que se pedía que la Cámara instara a la Junta a anular de forma inmediata la subasta de medicamentos y a suspender el decreto-ley de medidas urgentes de prestación farmacéutica del sistema sanitario público andaluz, en lo que respecta a dichas subastas, mientras tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno de la Nación.

El Pleno del Parlamento ha rechazado, con los votos en contra de PSOE-A e IULV-CA, una proposición no de ley presentada por el PP-A, en la que se pedía que la Cámara instara a la Junta a anular de forma inmediata la subasta de medicamentos y a suspender el decreto-ley de medidas urgentes de prestación farmacéutica del sistema sanitario público andaluz, en lo que respecta a dichas subastas, mientras tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno de la Nación.

Se da la circunstancia de que el PSOE-A defenderá esta tarde otra proposición no de ley en la que incluye una referencia a este asunto. Los socialistas pedirán que la Junta inste al Gobierno de la Nación a cumplir sus compromisos con Andalucía y a "retirar inmediatamente el tercer recurso presentado ante el TC contra la subasta de medicamentos puesta en marcha por la Junta de Andalucía".

En defensa de la iniciativa 'popular', la diputada del PP-A Ana María Corredera ha justificado esta petición al considerar que la Consejería de Salud y Bienestar Social, dirigida por María Jesús Montero, sigue perjudicando a los andaluces en su empeño de mantener la conocida como subasta de medicamentos para conseguir un ahorro "que no puede hacerse a costa de la salud de los andaluces".

Según ha explicado Corredera, el PP-A también instaba en su proposición no de ley a que la Junta garantice que no se va a proceder al cierre de más centros de salud ni puntos de atención continuada bajo la excusa de un plan de eficiencia"; y a que se tomen las medidas que garanticen una sanidad pública de calidad, rápida, eficaz y sostenible ante el "importante recorte" que sufre este capítulo en los Presupuestos para 2013, "que se reducen un 10,13 por ciento, unos 945 millones de euros menos" mientras que Andalucía figura como "penúltima comunidad autónoma en gasto sanitario por habitante, con 999 euros, muy por debajo de la media española, situada en 1.191 euros".

Por este motivo, la diputada 'popular' ha pedido que el Parlamento andaluz "rechace los recortes en política sanitaria que está llevando a cabo el Gobierno andaluz y que afectan directamente al personal y las infraestructuras y servicios sanitarios andaluces, con una repercusión muy negativa sobre los ciudadanos". También ha emplazado a la Junta a "garantizar que los ajustes y la reorganización en la gestión que se están llevando a cabo desde la Consejería de Salud y Bienestar Social no suponga una merma en la atención sanitaria y los derechos de los usuarios de la sanidad pública", así como a "poner en servicio las camas que se encuentran en situación de 'reserva' para ofrecer mejor atención ante la masificación de centros hospitalarios".

Otras demandas de los 'populares' a la Junta se referían al "pago inmediato de las obligaciones reconocidas y pendientes de pago con las empresas farmacéuticas y terceros prestadores de servicios sanitarios"; la definición de un "nuevo mapa sanitario tras los recortes ejecutados y la renuncia a la construcción de proyectos que todavía no hayan iniciado sus obras"; y la presentación, "en el plazo máximo de un año", de un proyecto de Ley de atención sociosanitaria en Andalucía "que defina claramente la coordinación de las políticas sociosanitarias a desarrollar por el ejecutivo andaluz".

La iniciativa del PP-A también reclamaba a la Junta "las medidas necesarias para poner fin a la precariedad laboral y la inestabilidad en las contrataciones del personal en el sistema sanitario público" y la "actualización inmediata" de las listas de espera publicadas en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que, según denuncia, "recoge a día de hoy las de junio de 2012, cuando debían haber sido actualizadas en enero de 2013, según compromiso de la propia consejera", María Jesús Montero.

PSOE-A E IULV-

Ca critican el copago sanitario

Por su parte, la diputada del PSOE-A María Luisa Bustinduy ha destacado la coincidencia de que el PP-A registrara esa iniciativa el 20 de marzo, el mismo día que el Gobierno anunció que quitará las subvenciones para formación sobre trasplantes a aquellas comunidades que no cumplan el déficit. Según ha apuntado, "desde que llegó el Gobierno el PP nos desayunamos todos los días con noticias malas en torno a la salud, y en su mayoría sobre privatizaciones y recortes".

Bustinduy ha criticado las fórmulas de copago sanitario impuestas por el Gobierno de la Nación y las comunidades gobernadas por el PP, señalando que aunque los 'populares' "digan que es muy poco la cuantía a pagar, para muchos es bastante como para decidir no medicarse para poder comer". Y es que, según ha apuntado, "los copagos golpean a las personas con menores ingresos".

Finalmente, el diputado de IULV-CA Manuel Baena ha asegurado durante su intervención que el copago y la entrada de las empresas privadas en la atención a la salud es una de las "mayores amenazas" que sufre en estos momentos la ciudadanía. A su juicio, hay que reflexionar sobre cómo eliminar gasto superfluo en la Administración, pero con medidas que no repercutan en ningún caso en la atención sanitaria gratuita, "que corre el riesgo de desaparecer".

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