Médicos del Mundo Euskadi-Munduko Medikuak ha advertido de que, si en el País Vasco se aplicase el decreto del Gobierno central que restringe el acceso a la tarjeta sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular, cerca de 17.000 personas se quedarían sin cobertura.

Con motivo del Día Mundial de la Salud, que tendrá lugar este domingo, día 7, Médicos del Mundo ha denunciado los "múltiples" intentos de "culpabilizar" a las personas inmigrantes del "colapso" del sistema sanitario y al uso "excesivo" que hacen del mismo, algo que "no responde a una situación real".

En este sentido, ha hecho referencia a un estudio elaborado en octubre de 2012 por la consejería de Sanidad del Gobierno vasco bajo el título 'Costes y utilización de recursos sanitarios públicos de las personas inmigrantes irregulares'.

Para la organización, el principal dato que se extrae de él es que el coste sanitario asociado al colectivo de inmigrantes en situación irregular se estima en 7 millones de euros en un año, es decir, "el 0,2 por ciento del presupuesto sanitario del Ejecutivo vasco".

Además, el estudio recoge que la mayor parte del gasto sanitario recae en las personas de más edad, "y está comprobado que la población inmigrante tiene una edad media más baja que la de la población general".

El informe concluye que el colectivo de inmigrantes seleccionado consumió, en comparación con la población general, "menos de la mitad de los ingresos hospitalarios, la tercera parte de la intervenciones quirúrgicas, la mitad de las visitas al médico de cabecera, menos de la mitad de las consultas con especialistas, algo más de la mitad de la analíticas y la sexta parte de las recetas impresas".

Decreto que "colisiona con la constitución"

Desde que el Gobierno central anunciara su intención de modificar la prestación de la asistencia sanitaria, Médicos del Mundo ha venido denunciando que el Real Decreto 16/2012 "colisiona con la Constitución y con los Estatutos de Autonomía de algunas comunidades".

Asimismo, ha considerado que supone "una vulneración del derecho humano a la salud y de su reflejo en instrumentos internacionales suscritos por España, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", así como una "falta de seguimiento" de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).