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La Audiencia Provincial juzgará desde este lunes al primer exconseller de Matas que se sentará en el banquillo

Un total de 18 acusados serán juzgados en el marco del caso Scala por el supuesto desvío de 7 millones de euros a través de un consorcio

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares iniciará este lunes, a partir de las 9.30 horas, el juicio del llamado caso Scala, centrado en el presunto desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) cuyo principal acusado es el exconseller de Industria, Comercio y Energía en el último Govern de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, para quien la Fiscalía y la Comunidad Autónoma solicitan 21 años de cárcel.

Se trata del primer exconseller de esa legislatura (2003-2007) que se sentará en el banquillo de los acusados, en una vista oral que prevé prolongarse hasta el 21 de mayo, para ser juzgado por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en el Ejecutivo autonómico. Además, la condena que para él reclaman las acusaciones se encuentra entre las penas más elevadas solicitadas para un político en España.

En el marco de esta compleja causa de presunta corrupción, la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de acusación de más de 400 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, y la Abogacía balear solicitan un total de 115 años y medio de prisión para sus 18 acusados, de los cuales Cardona y el exdirector general de Promoción Industrial Kurt Viaene se enfrentan a las peticiones más elevadas de cárcel (21 y 20 años de privación de libertad, respectivamente).

Y es que los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.

El Ministerio Público apunta así al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.

"Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación. Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas, y los empresarios Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio para provecho propio.

Por todo ello, sobre Cardona pesan los presuntos delitos de asociación ilícita (por el que piden cuatro años de cárcel), malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración, al tiempo que la Fiscalía solicita el comiso del tercio de los 1,2 millones que habría percibido en concepto de comisiones junto a Viaene y Ordinas, quienes se enfrentan a los mismos tipos penales.

El resto de acusados en la trama

Las acusaciones reclaman además 10 años de prisión para Arnaldus Van Den Hurk; 8 y medio para el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; 7 para Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló; 6 para el empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré -quien junto a Ordinas ha colaborado con la justicia y ha confesado los hechos- y para el publicista Joan Rosselló; 5 para la ex secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario Pedro Veny.

Por otro lado, piden 4 años para el administrador de Taller Grafic, Jaime Gil; dos años para el empresario Miguel Mauri; uno y medio para el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera, y Antonio Munar, y seis meses para los empresarios Manuel Carmelo y Antoni Vicens.

Cabe recordar que en su auto de apertura de juicio oral, la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, acordaba una fianza de responsabilidad civil de 7,3 millones de euros para Cardona, Viaene y Ordinas, de la que también debían responder de forma solidaria otros ocho acusados. De forma paralela, exigía 14.113 euros a Cardona, Viaene y Munar, así como al PP como responsable civil subsidiario, mientras que Ordinas debía prestar otros 23.473 euros.

La fiscalía reclama elevadas indemnizaciones

Por su parte, en su escrito la Fiscalía reclama elevadas indemnizaciones por parte de los acusados en favor del Ejecutivo autonómico, y entre ellas solicita un total de 5.491.283 euros para Cardona, Viaene y Ordinas. En esta misma línea, pide que Cardona, Viaene y el empresario Antonio Munar, así como el PP como responsable civil subsidiario, paguen a la Conselleria de Comercio 10.585 euros.

Esta última cantidad es la que, según las investigaciones, se desvió desde el CDEIB para financiar el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló. Transporte que se efectuó a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'.

La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular.

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