La Asociación Civil Jarit, Movimiento contra la Intolerancia, la entidad Sariri, y la Associació Valenciana d'Usuaris de la Sanitat han presentado un escrito en Fiscalía de Valencia para pedir que se investigue una posible negligencia médica en la muerte de una mujer a la que se le diagnosticó gripe. La víctima falleció el 20 de febrero de 2013, después de acudir cinco veces a centros de salud y a un hospital, según se expone en el documento.

Tal y como denuncian estas cuatro entidades en el escrito, la mujer, de nacionalidad boliviana, falleció tras haber sufrido una "negligente asistencia sanitaria" y "sin que recibiera la oportuna asistencia por los servicios de urgencia y SAMU", debido a lo que tardaron en comparecer —unas "dos horas" aproximadamente— tras los "numerosos" requerimientos por parte del marido de la víctima y de otra persona.

La mujer residía junto a su marido y a su hija en la calle Fuente San Luis de Valencia. Una semana antes del fallecimiento, presentó un cuadro de tos, motivo por el que acudió por primera vez, el día 15, al centro de salud del barrio de Ruzafa, donde, según denuncian las asociaciones, no quisieron atenderla porque le manifestaron que su tarjeta sanitaria "no tenía validez". Esto es "incierto", según indican, puesto que la mujer "si que disponía de la tarjeta, aunque se hallaba deteriorada".

Dos días más tarde, la mujer comenzó a tener dificultad para tragarse los alimentos, por lo que acudió a los servicios de urgencias del Hospital Clínico de Valencia, y tras una "oportuna" exploración física y al descartarse patología urgente aguda, se le dio el alta para su control por el médico de cabecera.

Al día siguiente, la mujer volvió a este hospital porque no mejoraba, y "sin recibir ningún tipo de reconocimiento", "tan solo se le indicó el mantenimiento del tratamiento pautado el día anterior". También se le señaló que su hospital de referencia era el Hospital Doctor Peset, y se le dijo que "si volvía otra vez a los servicios de Urgencias, le cobrarían", tal y como recoge el escrito.

Ese mismo día, como no mejoraba, volvió al centro de salud de la Fuente de San Luis, donde le comentaron que el Hospital Clínico no era su hospital de referencia, y se le administró una inyección para las náuseas. Seguidamente, en la madrugada del día 19, la mujer comenzó a toser sangre, por lo que su esposo intentó recibir asistencia domiciliaria que "le fue denegada" tras indicarle que este servicio "no se efectuaba por un simple resfriado". Ya por la mañana, volvieron a su médico de cabecera, quien le mantuvo el mismo tratamiento oral anteriormente pautado.

Al día siguiente, también de madrugada, el marido de la mujer, tras comprobar que el estado de salud de ésta había empeorado, llamó a los servicios de urgencia, y desde allí le indicaron que "no acudirían a su domicilio por un simple constipado", según se expone en la denuncia.

Al ver que sus llamadas de socorro eran "obviadas", el hombre se puso en contacto con su empleado y le pidió que acudiera a su vivienda con su vehículo para poder llevarla al hospital. Una vez allí, éste también intentó llamar a Urgencias, e igualmente se les "denegó" esta posibilidad.

Por este motivo, el empleado se puso en contacto con la Policía Local de Valencia, y los agentes se trasladaron hasta el lugar indicado. Una vez allí requirieron la "inmediata" presencia de los servicios de Urgencias, quienes acudieron a la vivienda tras "dos horas" aproximadamente desde que se produjo la primera llamada de socorro. Comprobaron que la mujer ya había fallecido.

"no recibió la oportuna asistencia"

En base a estos hechos, las asociaciones entienden que se podría haber incurrido en un delito de negligencia médica y omisión del deber de socorro con causa de muerte, puesto que "a pesar de las numerosas asistencias a los servicios médicos no recibió la oportuna asistencia". También atribuyen esta omisión de socorro a los servicios de Urgencias a los que telefoneó el marido.

Al respecto, agregan: "muy probablemente se haya dado la omisión de socorro por el origen de la mujer y su esposo, por lo que pueden existir indicios racistas en la conducta de aquellos profesionales, puesto que la misma, aún cuando disponiendo de tarjeta sanitaria, se presumió que carecía de ella", se expone.

En virtud de estos datos, las asociaciones piden a Fiscalía que abra diligencias de investigación y que reciba declaración de su empleado y de los profesionales de los servicios médicos que atendieron a la mujer, así como a los profesionales del SAMU; que reclame las oportunas historias médicas en los centros donde la fallecida recibió asistencia médica; que se pida al médico forense que practicó la autopsia que amplíe sus conclusiones clínicas; y que se soliciten de los servicios de Urgencias del centro de Ruzafa las cintas de grabación de las llamadas telefónicas efectuadas los días 19 y 20 de febrero.