Fuentes conocedoras del caso Nóos, consultadas por Europa Press, han apuntado que el juez instructor José Castro habría infringido "frontalmente" el principio de intervención mínima por no haber agotado otras vías jurídicas antes de acordar la imputación de la Infanta, decisión que, en caso de fracasar esos otros mecanismos, debería haberse acordado en 'última ratio' o como último recurso.

En este contexto, las mismas fuentes reprochan que el magistrado haya decidido de oficio encausar a la hija del Rey Don Juan Carlos sin antes haber trasladado a la Fiscalía Anticorrupción y a las demás acusaciones sus "dudas" en torno al papel que la hija del Rey Don Juan Carlos habría jugado en los hechos investigados en esta causa, en la que también está imputado su marido, el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

Según afirman, es "absolutamente reprochable en términos jurídicos" que el magistrado haya adoptado esta decisión a fin de "despejar cualquier duda" en torno a la actuación de la Infanta, por considerar que esta argumentación vulnera "el principio de 'ultima ratio' que configura nuestro Derecho penal" y que, recalcan, "tiene como fundamento jurídico-constitucional precisamente lo contrario de lo que el juez afirma en el auto de imputación".