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Cortés acusa al Gobierno de "criminalizar" a plataformas antidesahucios y PP-A la reta a hacer escrache en su Consejería

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha valorado este jueves el "demoledor fallo" con el que el pasado 14 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó que el procedimiento español de ejecución hipotecaria es ilegal y ha criticado la "impresentable estrategia de criminalización" del Gobierno contra las plataformas antidesahucios, algo que el PP-A ha rechazado tras acusarla de "hacer escraches con una mano y desahucios con la otra desde la empresa pública de vivienda" y retarla a hacer "escrache en la puerta de su propia Consejería".

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha valorado este jueves el "demoledor fallo" con el que el pasado 14 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó que el procedimiento español de ejecución hipotecaria es ilegal y ha criticado la "impresentable estrategia de criminalización" del Gobierno contra las plataformas antidesahucios, algo que el PP-A ha rechazado tras acusarla de "hacer escraches con una mano y desahucios con la otra desde la empresa pública de vivienda" y retarla a hacer "escrache en la puerta de su propia Consejería".

Durante una intervención ante el pleno del Parlamento autonómico, Cortés ha ensalzado "la defensa del derecho a la vivienda que realiza el Gobierno andaluz" frente a la del PP con medidas como la implantación de Oficinas provinciales del Derecho a la Vivienda, que ya ha conseguido evitar casi mil desahucios (de 969 familias concretamente) en los tres primeros meses desde su puesta en marcha.

"Hemos hecho vanguardia rompiendo con la neutralidad y con la equidistancia existente entre los bancos y las familias porque no es posible mantener la neutralidad en este asunto", ha recalcado. En esa línea, ha defendido que la "posición innegociable" de la Junta en materia de vivienda es considerarla como "un derecho humano y no como un producto financiero" y ha exigido al Gobierno central que "cambie de manera radical sus políticas suicidas impuestas por la Troika" y que apruebe la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago y en contra de los desahucios.

"No podemos esperar más para adaptar la normativa española a la directiva europea. No podemos poner paños calientes y hacer una dilatación que cree más dolor, más injusticias, más violación de derechos humanos. Sin equilibrismo, hay que apoyar la ILP", ha incidido.

También ha criticado que el PP haya hablado de apoyar "el espíritu" de la ILP y no la iniciativa "tal cual está", que es en su opinión lo que las familias que han sido "engañadas" por las entidades financieras necesitan después de haber sufrido un "empobrecimiento sobrevenido". "Ahora tienen la posibilidad en el Congreso de restar esta injusticia, de empezar a contar la verdad y de que haya verdad, justicia y reparación para las familias que han sido violentamente despojadas de sus viviendas", ha reiterado.

La consejera ha contrapuesto el aumento del 17,7 por ciento de desahucios producido en el último año en España según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha negado que "las medidas del PP" estén ayudando a paralizar, por tanto, los desahucios.

De ahí que haya insistido en la necesidad de que la sentencia europea se aplique con "carácter retroactivo". Este fallo, según ha añadido Cortés, avala la política de la Junta en materia de vivienda como el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda —que en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento ha contribuido a evitar casi un millar de desahucios—; la paralización de los desahucios en el parque público andaluz en caso de endeudamiento sobrevenido ordenada por su departamento; y la elaboración, en el seno de la Consejería de Relaciones Institucionales y Administración Local, de una ley de protección de consumidores de productos financieros. "Modestamente, hemos dado pasos al frente en la consideración de la vivienda como derecho humano, rompiendo con su consideración tradicional como mercancía, y celebramos que la sentencia europea avale este rumbo", ha recalcado.

"escrache con una mano y desahucios con la otra"

Frente al discurso de la consejera, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha garantizado que el Gobierno central está buscando "una solución razonable y equilibrada" a este asunto tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y está intentado incorporar planteamientos del resto de grupos políticos y colectivos sociales "con el único objetivo de proteger a deudores hipotecarios en el marco del estado de derecho".

Además, ha reprochado a Cortés que ayer defendiera el escrache y le ha advertido de que, si quiere hacerlo, tendrá que ser en la puerta de su propia consejería, "que es la responsable de garantizar el cumplimiento de la ley de derecho a vivienda en Andalucía, algo que no está ocurriendo". "Usted hace escraches con una mano y desahucios con la otra desde la empresa pública de vivienda", le ha afeado tras pedirle que la Junta negocie con las familias "como lo está haciendo el Gobierno del PP en este momento".

Ante esta acusación, la consejera ha retado a Martínez a que le lleve al Parlamento "en persona, no a través del BOJA, a una sola familia del parque público que haya sido puesto en la calle desde junio de 2012". "Y si no la trae, no diga más que desahuciamos porque es mentira, y usted lo sabe", le ha espetado.

Por su parte, la parlamentaria del PSOE-A Maria Nieves Masegosa ha puesto de manifiesto que el Tribunal Europeo ha respondido gratamente y ha sido sensible a la demanda sobre una modificación de la legislación española sobre desahucios.

Ha señalado que con esa sentencia, el Gobierno central se ve abocado a cambiar la ley de inmediato y ha apuntado que hay que dejar ya de sobreproteger a las entidades financieras.

La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha lamentado los "abusos" de un sistema bancario que se ha llevado por delante el techo de muchos ciudadanos, en una espiral creciente de desahucios. Ha señalado que si se hubiera traspuesto antes la directiva europea del año 1993, se hubiera ahorrado mucho sufrimiento a muchas familias.

Con lo que hemos ido sabiendo, según ha agregado, el Gobierno central "ya tenía en sus manos resoluciones y un entorno legislativo de los socios europeos que aconsejaban una modificación de la legislación hipotecaria española, además de un creciente clamor ciudadano, y a nada de eso hizo caso". Ha confiado en que la reciente sentencia del Tribunal Europeo, que ha constatado el "fracaso" de la política de vivienda del Ejecutivo nacional, conlleve una importante modificación de la legislación.

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