La patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), que será recibida a partir de las 12,30 horas de este jueves por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha confirmado que interpondrá recurso para solicitar medidas cautelares en relación a la iniciativa de la Consejería de Educación de la Junta de revisar la política de conciertos y retirar la subvención a determinados centros educativos.

El secretario general de ECA, Carlos Ruiz, ha indicado a Europa Press que este paso se dará, con toda probabilidad, en el mes de abril, habida cuenta de que el pasado lunes 1 ya se confirmó la resolución definitiva por parte de la administración, que afecta a varios centros de Andalucía, con especial incidencia en la provincia de Jaén.

Al margen de su petición de entrevista con Chamizo, la asociación ha requerido al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que les reciba, y ha interpuesto alegaciones contra la medida de Educación, resolución que ha motivado que el sector de padres de alumnos haya planteado, a su vez, iniciar un procedimiento administrativo.

En función de lo resuelto, "cada colegio estudiará su caso y, si se ve procedente, se recurrirá judicialmente, siendo lo lógico que lo hagan aquellos que tengan demanda suficiente". La ECA, ha añadido, "apoyará al máximo" a estas estructuras educativas.

Circular que llama a la "solidaridad" de los padres

De esta forma, la patronal ha remitido una circular a los padres y responsables legales de alumnos de todos los centros educativos adheridos en la que llama a la "solidaridad" de los mismos ante la retirada de conciertos a determinados colegios, "que irá cada vez a más".

En el documento, firmado por Ruiz y recogido por Europa Press, ECA señala que la retirada ha sido "una decisión tomada de manera unilateral, sin un diálogo previo que podría haber sido esclarecedor", así como una medida "injusta". "Les está privando a ustedes, como padres, de la posibilidad de ejercer libremente el derecho de elegir para sus hijos el centro más adecuado por su ideario y calidad de enseñanza", sentencia.

"Es un hecho sin precedente, pues lo que pretende es que aunque un centro concertado tenga solicitudes suficientes de admisión de alumnos, si en la zona hay colegios públicos sin la demanda necesaria, las solicitudes pasen al centro público, suprimiendo dicha unidad del concertado", manifiesta Ruiz, que indica que ello demuestra que "consideran que la red concertada es subsidiaria de la red pública".

Además, avisan de que la toma de decisión de supresión de unidades en centros concertados "no es puntual, sino el inicio de un proceso, cada vez mayor, de ir debilitando progresivamente la enseñanza".

"Sería un error pensar que a ustedes no les va a afectar, pues además de ser un gesto insolidario y que perjudicaría gravemente a otros padres, puede que no muy tarde se puedan encontrar, si tienen otros hijos más pequeños aún no escolarizados, con que la plaza no quede garantizada", apunta la patronal.

"No olviden que, por encima de todo, es defender un derecho, con independencia de que puedan sentirse afectados; el silencio y la inhibición, en este caso, no son neutrales, sino cómplices de una medida injusta", añade.