La FEMP considera positivo el nuevo plan de proveedores para 2013

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, considera positivo el anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de poner en marcha un nuevo plan de pago a proveedores en 2013. "Los buenos resultados alcanzados por el anterior así lo avalan", ha señalado.
Íñigo de la Serna
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EUROPA PRESS
Íñigo de la Serna

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, considera positivo el anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de poner en marcha un nuevo plan de pago a proveedores en 2013. "Los buenos resultados alcanzados por el anterior así lo avalan", ha señalado.

Según De la Serna, la iniciativa demuestra que el Gobierno sigue preocupándose por adoptar medidas que ayuden a las Administraciones a ponerse al día en el pago de sus deudas pendientes con proveedores lo que, a su vez, "permite dinamizar la economía al ayudar a mantener y crear empleo en sus respectivos territorios".

Así, ha señalado que este tipo de medidas deben ser siempre "bienvenidas", si bien ha añadido que habrá que esperar a conocer las condiciones que se establezcan, una vez se apruebe esta iniciativa, "para poder valorarla con mayor profundidad".

No obstante, ha matizado que si la futura reforma de la Administración Local consigue clarificar las competencias entre ayuntamientos y Comunidades Autónomas ello permitirá, "sin duda alguna", que las entidades locales puedan derivar sus recursos financieros a lo que realmente es de su competencia y así poder pagar a sus proveedores en tiempo y forma "sin necesidad de tener que recurrir a mecanismos extraordinarios para abonar sus facturas".

En este sentido, De la Serna ha recordado que "en muchos casos" la deuda que puedan tener en este momento los consistorios con proveedores es consecuencia de tener que hacer frente a los gastos impropios que éstos asumen en relación a servicios que son competencia de las CCAA, así como por los impagos que éstas mantienen con los Ayuntamientos derivados de convenios de delegación.

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