La imputación de la infanta Cristina por parte del juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha desatado un torrente de reacciones políticas que van desde la "asimilación" tranquila del presidente de Cataluña, Artur Mas, hasta la exigencia de Rosa Díez (UPyD) de que la Casa del Rey "separe temporalmente" a la hija del monarca "de todo tipo de actividad".

Los primeros en pronunciarse sobre la decisión del juez han sido los líderes de PSOE y PP. El secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mostrado su "respeto" y ha recordado que en España la Justicia "en España es igual para todo el mundo"; poco después, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha dicho que sueña con un país en el que haya jueces que "se crean de verdad la independencia del poder judicial".

"Más vale tarde que nunca", ha dicho el dirigente; más duro ha sido su compañero de partido Gaspar Llamazares, que en su cuenta de Twitter ha dicho que "La casa real sigue pensando que no va con ellos y eluden, una vez más, dar explicaciones ¡Qué inmenso error!", añadiendo que "el juez Castro instruye igual para todos y sin miedo. La Justicia ya lo veremos".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho que necesita "asimilar" la noticia. "Si hay que pronunciarse lo haremos en su momento", ha apostillado, sin dar más detalles.

Tampoco ha querido mojarse mucho la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá: "Creo que soy lo suficientemente seria, rigurosa y respetuosa para no hacer el menor comentario". Ni el vicepresidente del Consell, José Císcar, que prefiere no extraer conclusiones de un auto "respecto de cosas que ahora mismo no han sucedido".

En el Partido Popular no se ha pronunciado ningún representante a nivel nacional. Fuentes del PP han asegurado a 20minutos.es que el partido "respeta todas las decisiones judiciales" y declinan valorar la imputación de la infanta Cristina argumentando que "nunca" hacen declaraciones sobre este tipo de asuntos.

La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha exigido a la Casa del Rey que "haga con la infanta lo mismo que pedimos a los partidos para sus cargos: que la separe temporalmente de todo tipo de actividad y que su defensa no la pague con fondos públicos". "Ojalá la Casa del Rey actúe mejor que el PSOE y el PP, y no apele a la presunción de inocencia para hacer como que no pasa nada", ha dicho.

El colectivo Manos Limpias, que pidió en varias ocasiones la imputación de la infanta, se ha congratulado en un comunicado de que "se haya se haya cumplido el precepto constitucional" recogido en el artículo 14 de la Carta Magna de que todos "los españoles son iguales ante la Ley". Asimismo, ha dicho que la sociedad tiene que tener la confianza de que Manos Limpias ejercerá la acusación popular en este caso "con total objetividad e independencia".

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Alfred Bosch, ha señalado en un comunicado que con la imputación de la infanta Cristina "el pueblo catalán tiene un nuevo argumento para optar por la República Catalana que defiende ERC". Considera, no obstante, que la noticia no es la imputación decidida por el juez José Castro, "sino que no haya sido imputada hasta este momento".

La coalición econacionalista MÉS per Mallorca ha pedido, por su parte, la "retirada inmediata del título de duques de Palma al matrimonio Urdangarin-Borbón". Considera el partido que la imputación de la hija del Rey es "un hecho grave que debe tener consecuencias".

Y Equo, formación liderada por Juan López de Uralde, ha afirmado en un comunicado que espera "que se llegue hasta el final y que este caso sea el principio del fin de la impunidad de la que han gozado algunas instituciones en nuestro país".