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IU considera, tras la última sentencia contraria para el Ayuntamiento de Valladolid prueba la ilegalidad de su urbanismo

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid ha considerado que la nueva sentencia que suspendió la modificación del área homogénea de Prado Palacio Berrocal "pone de manifiesto la evidente ilegalidad del modelo urbanístico vigente en la ciudad".

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid ha considerado que la nueva sentencia que suspendió la modificación del área homogénea de Prado Palacio Berrocal "pone de manifiesto la evidente ilegalidad del modelo urbanístico vigente en la ciudad".

En un comunicado recogido por Europa Press, Izquierda Unida ha recordado que en los últimos años se han ido conociendo sentencias judiciales negativas para las propuestas municipales que afectan a prácticamente todos los ámbitos de la ordenación urbanística.

Así, tras conocer en la jornada del lunes la sentencia del TSJCyL contraria a la modificación del área homogénea Prado Palacio Berrocal, IU presentará mañana una moción en el Consejo de Gerencia de Urbanismo para reclamar explicaciones públicas al alcalde.

IU ha recapitulado algunas de las sentencias que han señalado ilegalidades del urbanismo municipal en caso de gestión del suelo urbano —Piensos Cía, el PERI de los Cuarteles de Farnesio y la parcela de Cáritas—, desarrollo de suelos urbanizables —Valdechivillas y el estudio de detalle de parte del plan parcial de Puente Jardín—, planteamientos sobre sistemas generales —Valladolid Arena o nuevos talleres ferroviarios—, decisiones sobre patrimonio —Antigua, edificio de la plaza de Zorrilla—, interpretación de ordenanzas —Niña Guapa—, sobre movilidad (localización indiscriminada de aparcamientos), sobre política comercial —Prado Palacio Berrocal— o sobre espacios protegidos —ocupación del Pinar—.

Según el comunicado, "no existe campo relacionado con la ordenación del suelo que no haya sido objeto de algún rechazo judicial", por lo que han reprochado que el alcalde, "a pesar de estar obligado por una serie interminable de resoluciones tan llamativamente negativas para su gestión, no se ha pronunciado en ninguna ocasión sobre la evidente inadecuación legal de la política urbanística de los últimos años".

También han considerado que, además de la obligación de dar cuenta por los episodios relacionados con casos de corrupción urbanística en los que ha declarado como imputado, como la modificación irregular del PGOU y el asunto del edificio de la plaza de Zorrilla, "el alcalde tiene la obligación democrática de dar la cara y afrontar la responsabilidad de una gestión urbanística que sólo puede calificarse como nefasta".

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