Fernando de Pablo, abogado del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados por los ERE falsos, ha dejado este martes su defensa después de varias discrepancias, la principal de ellas cuando no atendió su consejo de no declarar ante la jueza Mercedes Alaya.

Fuentes del caso han informado de que De Pablo se planteó abandonar el caso el pasado martes, cuando Guerrero tomó la decisión de declarar ante Alaya sobre la nueva rama del caso de los ERE, referente al pago de sobrecomisiones, en contra de su consejo.

Guerrero compareció ante Alaya por espacio de tres horas y finalmente la juez decretó contra él prisión sin fianza, situación en la que ya estuvo otros siete meses del 2012, en aquella ocasión por la rama principal del caso de los ERE.

En el auto de prisión, Alaya le imputó haber recibido 303.588 euros "de procedencia desconocida" y haber aceptado regalos de viajes a Shangai y Egipto a cambio de no convocar concursos públicos para los procesos.

Alaya cree que ese dinero procedía de "retribuciones de los distintos partícipes en los hechos investigados que se han visto beneficiados por la concesión de ayudas públicas de manera irregular".

Las fuentes han informado de que, ahora, Guerrero deberá designar a un abogado aunque previsiblemente optará por uno de oficio dado que se encuentra suspendido como funcionario y ha reclamado a la Junta de Andalucía que la pague al menos el 75% de sus emolumentos, como prevé la ley.

De Pablo pidió hace unas semanas a la Junta los 24.750 euros que, según argumenta, no ha percibido pese a tener derecho a ello.

Guerrero es funcionario del cuerpo de Auxiliares Administrativos, en situación de reingreso en el servicio activo y declarado en suspensión provisional de funciones desde enero del 2012.

El abogado de Guerrero argumentaba que la Junta no aplica la ley que prevé que el funcionario suspendido cautelarmente "tendrá derecho a percibir el 75% de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias", ya que en su caso no ha cobrado nada ni ha recibido explicación, pese a que se trata de un precepto de aplicación obligatoria.