Gobierno vasco solicita al Grupo Gallardo que reconsidere su decisión de cerrar Corrugados Azpeitia

Pide que retome el plan de reajuste "menos lesivo" en el que estaba trabajando la empresa

El Gobierno vasco ha transmitido al Grupo Gallardo su "estupor" por el anuncio de cierre de Corrugados Azpeitia, planta guipuzcoana de acería que cuenta con una plantilla de unos 300 operadores, y le ha solicitado que reconsidere la decisión de ejecutar el ERE de extinción y "retome el plan de reajuste menos lesivo en el que venía trabajando la empresa".

En un comunicado, el Ejecutivo ha informado de que este martes la sede del Gobierno de Vitoria ha acogido una reunión en la que representantes institucionales del Gobierno vasco, Diputación foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Azpeitia han facilitado el encuentro entre los propietarios del Grupo Gallardo y el Comité de Trabajadores de la empresa Corrugados.

Representantes del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco y de las instituciones gipuzcoanas, han mantenido un encuentro con propietarios y trabajadores de la empresa en la que Gallardo ha transmitido las dificultades de mercado que hacen "inviable" la empresa y que, según las explicaciones aportadas, se fundamenta en el desajuste existente en el mercado español entre la oferta y demanda de la producción en el sector de corrugado.

Según ha explicado el Gobierno vasco, en el encuentro ha transmitido a Gallardo su "estupor" por el anuncio de cierre de la empresa y le ha solicitado que "reconsidere" la decisión de ejecutar el ERE de extinción "al tiempo que retome el plan de reajuste menos lesivo en el que venía trabajando la empresa".

"soluciones alternativas"

Asimismo, y ante la posibilidad de que "de forma inminete" pudiera ejecutarse el ERE de extinción, Gallardo ha manifestado su disposición a que durante el plazo de negociación de 30 días que prevé la ley, pudieran encontrarse "soluciones alternativas" a la rescisión de los empleos.

En este sentido, el Gobierno le ha solicitado que conceda un "plazo razonable" para la búsqueda de posibles inversores por parte de instituciones y empresa, antes de proceder a la ejecución del ERE de extinción.

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