El magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del TSJA ha comunicado este martes a las partes la decisión de continuar el procedimiento para celebrar un juicio ante el Tribunal del Jurado contra el ex alcalde de Cudillero y diputado socialista, Francisco González y la concejal María Verena Prendes, al considerar que hay indicios razonables de un delito de cohecho o de exacciones ilegales.

Según ha informado el TSJA en dicho Auto el magistrado establece un plazo de cinco días a las partes para lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral.

El magistrado aprecia estos indicios a raíz de una la querella interpuesta por el sargento de la Policía Local de Cudillero, Prudencia Iván Flores.

Según los hechos objeto de la querella, el diputado regional socialista Francisco González Menéndez, que era alcalde de Cudillero, en colaboración con la Concejal María Venera Prendes García "han montado una red clientelar en la que obtienen fondos ilegales, por medio de cobros a los hosteleros de Cudillero a cambio del servicio de vigilancia de sus establecimientos por la Policía Local de Cudillero. Tales cobros se extienden también a asociaciones de festejos diversas, y por lo que se ve a empresas de todo tipo".

La denuncia recoge que tras la toma de posesión del querellante Prudencio Iván Florez María como Sargento de la Policía Local y advertir que dichos pagos eran ilegales, debiendo cobrarse como horas extras del Ayuntamiento y no "como pago en "b", en mano o dinero negro". El Alcalde "urdió una falsa imputación de cohecho para apartarlo del cuerpo y seguir con su red clientelar".

También se afirma en la querella que "el hecho cierto como prueban los documentos que se acompañan, en Cudillero se viene cobrando desde siempre a los hosteleros y asociaciones de festejos por los servicios de policía comisiones ilegales, que son controladas por el alcalde querellado y ejecutadas por la Concejal querellada, con la connivencia absoluta de los antiguaos jefes de policía que amparaban y colaboraban en el reparto de los fondos de la trama.

Y sigue relatando que "esta trama es obviamente ilegal, amen de mafiosa, y mantiene el Concejo en una situación de absoluta ilegalidad que abarca, según prueba la cuenta corriente que referimos, no solo al ámbito de la seguridad, sino según parece a todas las empresas que contratan con el Ayuntamiento".

La denuncia sostiene que "estos hechos se llevan a cabo con total impunidad, expidiendo recibos, efectuando ingresos en cuentas del Ayuntamiento y en cuentas paralelas, en suma manejando la cosa publica como si de un negocio privado del alcalde y sus concejales se tratase. Obligando a los hosteleros y vecinos de la comarca a pagar las cantidades que el alcalde determina para que lo que el decide, policía, autobuses, chiringuitos, y quien sabe que otros inconfesables negocios".