El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de instruir el conocido como 'caso Emarsa', ha acordado abrir una nueva pieza, la número 8, para investigar a 17 imputados por cuatro presuntos delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable, y otro de falsedad en documento mercantil, según se desprende de un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El juez instructor, que investiga un agujero económico en la gestión de la depuradora de Pinedo, dentro del 'caso Emarsa', ha adoptado esta medida tras solicitarlo el ministerio fiscal, y en base a unos informes de Hacienda.

En esta nueva pieza, cuya investigación se remonta a enero de 2012, figuran como imputados: el expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo; el exgerente, Esteban Cuesta; el ex jefe de Medio Ambiente, Adolfo Polo Baixauli; el exinformático, Sebastián García, conocido como 'Chanin'; el exedil en el Ayuntamiento de Valencia, extrabajador y exproveedor de Emarsa, Juan Carlos Gimeno Gascón; y Rafael Quiles Asensi, ex asesor financiero de la entidad.

Asimismo, figuran como imputados en esta pieza el empresario fugado Jorge Ignacio Roca Samper; los exadministradores de Notec José Luis Sena, Enrique Sena y Vicente Ros; la mujer y administradora de una empresa que facturó a Notec, Olga de Pozo Blanco; la entonces administradora de Construcciones Rocafort y Valmasark, María Paz García; la administradora de Managemente de Azafatas y Servicios, Eva María Marsal; y el entonces administrador de Llar Calzada y Rehabilita Aqua, Daniel Calzada.

Además, completan la lista de esta pieza Leonor Moreno Esteve, abogada y una de las personas acusadas de cobrar de Emarsa pese a no prestar servicios; Luis Botella de las Heras, en ese momento teniente de alcalde del Ayuntamiento de Moncada; y Juan Manuel García, como administrador único de Técnicas de Gesstión y Comunicación S.L.

En esta misma resolución, el magistrado acuerda sobreseer la causa, dentro de esta pieza, para Ana María Ríos —periodista vinculada a Enrique Crespo—, Antonio José Arnal —administrador de la empresa Arrima— y Aurora Mercedes Cubillos —administradora única de la mercantil Agrología Ecológica S.L.—.

El magistrado abrió una investigación por estos hechos el pasado mes de enero de 2012, y fijó fianzas de hasta tres millones de euros para los imputados con el objeto de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes en el desarrollo de la causa.

Hace aproximadamente un mes, el ministerio fiscal solicitó la apertura de una pieza separada para la investigación de estos hechos y pidió que figurasen como responsables civiles subsidiarias, entre otras, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) —sucesora tributaria de Emarsa—.

Para agilizar

El magistrado ha aceptado la solicitud el fiscal, en primer lugar, para agilizar el procedimiento, y, en segundo término, porque entiende que por un lado, Emshi no podría ostentar en estos delitos la condición de ofendida o perjudicada, mientras que así aparece como tal en otros delitos investigados en el procedimiento principal.

"Resultaría perturbador para la instrucción de la causa principal —indica en este sentido el juez— y para la propia Emshi, que es parte acusadora en relación con los delitos que constituyen el núcleo de la investigación, que pudiera verse en la situación de ser, a su vez, tratada en dicha causa principal como eventual responsable civil subsidiaria en relación con otros delitos, como los relativos a la Hacienda Pública".

Con todo, considera que los hechos por los que se solicita la formación de pieza separada pueden ser objeto de investigación y, en su caso, enjuiciados, con independencia de los que son investigados en las diligencias previas, "sin menoscabo ni ruptura de la continencia de la causa, lo que permitirá simplificar las diligencias previas y acelerará notablemente en el tiempo la resolución judicial".