La junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidación, por valor de 5,2 millones de euros, para pagar facturas de este ejercicio relativas al servicio de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, correspondientes a la empresa Ingeniería Urbana S.L., participada por el empresario Enrique Ortiz.

Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa la portavoz del equipo de gobierno local, Marta García-Romeu, quien ha informado de los acuerdos adoptados por el órgano municipal. De este modo, ha concretado que las facturas corresponden a trabajos realizados los pasados enero y febrero, a razón de aproximadamente 2,6 millones cada una de ellas.

La concejal ha confirmado, en declaraciones a los periodistas, que la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, ha "participado" y "votado" en los puntos abordados en el orden del día, al ser preguntada por la petición del grupo de EU para que la primera edil se "abstuviera" de intervenir en "cualquier" procedimiento administrativo municipal en el que participe Ortiz, debido a la "amistad íntima familiar" que la regidora "ha manifestado públicamente" tener con el promotor.

Este pasado viernes, el abogado de EU en la pieza separada del caso 'Brugal' que investiga irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, José Luis Romero, recordó que Castedo, imputada por varios delitos en esta causa, había justificado ante el juez los regalos y viajes compartidos con Ortiz en base a la "amistad íntima y familiar" que mantiene con el empresario, también imputado en el mismo proceso.

"En estos momentos, este empresario y otros muchos están dentro de las propuestas de acuerdo de gestión habitual y no hay nada que indique que ella —Castedo— no puede hacer esa votación", ha subrayado García-Romeu.

Desestimación de un recurso del pspv

Igualmente, la portavoz ha expuesto que, por la vía de urgencia, se ha acordado desestimar "en su totalidad" un recurso presentado por el grupo municipal del PSPV contra la convocatoria del procedimiento abierto para la contratación de la gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida de residuos domésticos y tratamiento, valorización y eliminación de residuos domésticos o no peligrosos.

Según específica la propuesta de acuerdo, el edil socialista Gabriel Moreno interpuso un recurso especial en el que solicitaba la revocación y anulación del referido procedimiento, bajo la fundamentación de una errónea calificación del tipo de contrato y del incumplimiento de los principios básicos de contratación y devaluación de los criterios objetivos.

En su escrito, Moreno indicó que en lugar de calificar a ese contrato como de gestión de servicios públicos, se debería haber optado por acudir a un mero contrato de servicios. Al respecto, el informe municipal afirma que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local específica que la limpieza viaria y la recogida y tratamiento de residuos urbanos constituyen una actividad de servicio público.

Además, apunta, entre otros argumentos, que tiene la catalogación al producirse la transferencia al concesionario de la organización del servicio, sin perjuicio de las potestades de policía que sobre el mismo corresponden a la Administración concedente; y al recibir el contratista una retribución fijada en función de la utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.

Igualdad y seguridad jurídica

En el mismo sentido, la propuesta recuerda que el concejal socialista expuso en su recurso que se habían vulnerado los principios de igualdad, seguridad jurídica, proporcionalidad, publicidad y concurrencia, si bien el Ayuntamiento replica que esas afirmaciones son "absolutamente genéricas y abstractas", sin concretar "en nada" las actuaciones administrativas, las cláusulas, prescripciones o anuncios con los que se han producido tales vulneraciones.

"Se limita tan sólo a señalar, con respecto al principio de igualdad, que los criterios dependientes de un juicio de valor suponen un 45 por ciento de la posible valoración máxima total, mientras que los criterios automáticos de valoración alcanzan el 55 por ciento de dicha valoración total final, concluyendo que ello implica una clara vulneración del principio de igualdad", agrega el escrito.

Finalmente, el informe municipal sentencia que el Ayuntamiento "ha actuado en el procedimiento con absoluto respeto a la legalidad vigente, sin que se aprecien, por tanto, razones justificadas que desvirtúen el principio general de la ejecutividad de los actos administrativos".

Además, la junta de Gobierno ha validado la desestimación de otro recurso, presentado por una mercantil, en el que alegaba la competencia para resolver el recurso, la sujeción a la regulación armonizada y la errónea calificación del tipo de contrato, y solicitaba la anulación de los pliegos que rigen la convocatoria y su suspensión cautelar.