Cermi Cantabria ha presentado este lunes en el Parlamento regional un estudio que plantea un cambio de paradigma en la normativa del ámbito de la discapacidad al centrarlo en la persona y la promoción de su autonomía, en lugar de en los centros asistenciales, y que da respuesta a cualquier afectado por discapacidad.

Este estudio, extrapolable al resto de comunidades autónomas y en el que han participado todas las entidades que integran la plataforma de representantes de la discapacidad en Cantabria, pretende la adaptación de las entidades y modelos organizativos, laborales y normativos al proyecto de vida personal del discapacitado.

El diseño se basa en la necesidad de apoyo a las personas en cada momento (flexibilidad), en ofrecer respuestas individualizadas y en la sostenibilidad económica. Y contiene propuestas para desarrollar en centros de día, residencias de atención básica, centros ocupacionales y centros de rehabilitación psicosocial.

"Se trata de dar respuesta a la necesidad de la persona no sólo desde el punto de vista asistencial sino que sea un plan individual el que marque su atención", que permitiría poder realizar distintos programas en diferentes centros.

Así lo ha explicado el presidente del Cermi Cantabria, Roberto Álvarez, durante el acto institucional que se ha celebrado en la Cámara regional en el que se ha dado a conocer la publicación del proyecto 'Hacia unos servicios sociales de calidad adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad'.

El evento ha contado con la participación del presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego; el presidente del Parlamento, José Antonio Cagigas; la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga; el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna; y el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo.

También han asistido a la jornada miembros de la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados —como los diputados Francisco Vañó, Javier Puente o Puerto Gallego—, y varios diputados cántabros, entre ellos los miembros de la Comisión de Discapacidad en Cantabria.

En la misma, Álvarez ha defendido la necesidad de un cambio de filosofía y de visión de la normativa para adaptarla a modelos de planificación centrados en la persona, "que dé respuesta a la evolución de la persona con discapacidad en sus necesidades de apoyo y que sea la suma total de esos apoyos definidos en todas las personas quien justifique el total de recursos a aplicar".

Esto supone que el formato actual de centros de atención a la discapacidad se oriente a un sistema estratificado de programas o apoyos que permita adaptarse de forma más adecuada a la planificación individual de la persona con discapacidad.

Ello permitirá atender a más personas en base a programas de promoción de la autonomía personal y prescindir de recursos exigibles en el modelo de "centro", pero que para la persona no son necesarios, incidiendo en la eficacia.

Esta publicación aporta datos reales que pueden servir como modelo orientativo para administraciones públicas y entidades sociales de apoyo a la discapacidad en otras comunidades autónomas. Y también facilita la base de trabajo y los elementos de cálculo para la definición de los precios públicos "de forma coherente y ajustada a la realidad de las personas".

"Contamos con una herramienta práctica que aporta los datos suficientes para que cualquier territorio pueda definir un modelo flexible que defienda a las personas y sus necesidades y permita medir los resultados en ellas", ha destacado Álvarez.

Se trata del primer trabajo de un CERMI autonómico que publica el CERMI Estatal y adquiere notoriedad en un escenario en el que la revisión de la normativa en el ámbito de la discapacidad debe ser necesariamente adaptada para dar cumplimiento a la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Al respecto, Álvarez ha destacado que en Cantabria ya se está trabajando en el desarrollo de una normativa de acreditación de centros centrada en las personas con discapacidad y ha vuelto a reclamar un Pacto Autonómico por la Discapacidad "para no retroceder en los derechos escasos de este colectivo".

Mientras, el presidente del Cermi estatal ha subrayado la oportunidad del momento para "repensar" los Servicios Sociales y centrarse en los derechos sociales y la inclusión porque "ya no vale pensar sólo en las necesidades básicas sino que se debe fomentar la vida inclusiva e independiente" de las personas con discapacidad.

En este sentido, ha resaltado que el trabajo de Cermi Cantabria "da en la diana del debate" de la discapacidad en este momento "especialmente adecuado para repensar nuevas políticas" de discapacidad. "Cantabria está ofreciendo muchos elementos motivadores, de enseñanza y aprendizaje para el resto de España", ha destacado.

FLEXIBILIDAD

Por su parte, el presidente de Cantabria ha ratificado los compromisos del Gobierno regional con el sector de la discapacidad pero ha pedido "flexibilidad" para actuar en cada momento en función de las "circunstancias" de la Administración.

Así, y tras asegurar que su objetivo es aumentar la calidad de vida de las personas con discapacidad, ha señalado el compromiso de crear un grupo de trabajo que analice todas las propuestas contenidas en el estudio para dialogar y buscar "puntos de encuentro", lo que ha esgrimido como "prueba" del mantenimiento de su compromiso con el Cermi, al tiempo que ha instado a "poner las cosas en una coyuntura" en la que el Gobierno ha tenido que recuperar la solvencia de los servicios básicos y hacerlos sostenibles.

"Los esfuerzos que hemos compartido no son estériles sino muy útiles para garantizar el futuro de la prestación de servicios", ha asegurado, así como que "lo más difícil ya lo hemos hecho".

Además, ha afirmado que cuando la situación económica "varíe", también lo harán las expectativas económicas de Cantabria y las de acción del Gobierno en muchas áreas, sobre todo la relativa al Estado de Bienestar.

Finalmente ha coincidido con el Cermi en la oportunidad de aprovechar el momento para acometer cambios organizativos que se deben implementar con la implicación del sector y en el marco del diálogo y el acuerdo, y se ha reafirmado en la apuesta del Gobierno a favor de la discapacidad, la sostenibilidad y la garantía de futuro.

Diego se ha hecho eco de las palabras de Álvarez de que el estudio es tanto el colofón de una etapa anterior como un punto de partida en la apuesta por la "solidaridad social" y la implantación de sistemas "fiables que no se vengan abajo por la primera complicación financiera".