La CIG ha pedido este lunes retirar el anteproyecto de ley para la racionalización y la sostenibilidad de la administración local, dado que supondrá "una importante recentralización" de competencias, abrirá la puerta a la privatización de servicios, que serán "peores", y supondrá despidos de los trabajadores que se encargan en la actualidad de prestarlos.

En rueda de prensa, el secretario xeral del sindicato, Suso Seixo, ha considerado que la propuesta del Gobierno central es "tremendamente negativa" porque "provocará una importante recentralización invadiendo competencias de la administración central y autonómica". Ha criticado que "se potencia a las diputaciones", unas entidades "obsoletas y que deberían desaparecer", mientras "se vacía de competencias" a los ayuntamientos.

Además, ha advertido de que se va a "favorecer la privatización" de servicios, cuyas concesiones irán a parar a "entidades privadas que después subvencionan a las organizaciones políticas que se las adjudican".

Así, ha incidido Seixo, "se deteriorarán los servicios" y "se abre una vía para la prevaricación y las corruptelas", además de avanzar en un modelo "elitista, clasista" y basado en un Estado "muy centralizado". "Se aprovechan de la crisis económica para imponer modelos ideológicos", ha criticado.

Esto tendrá consecuencias sobre el personal contratado para prestar estos servicios, ha augurado el responsable de Administración Local de la CIG, Antonio López, que ha asegurado que la "eliminación de servicios" conllevará el despido de las personas que se encargan de los mismos. Con los "trasvases" a las diputaciones, ha dicho, "el personal se va a ir a la calle" y con la privatización, las empresas buscarán el beneficio mediante "la precarización laboral y el aumento de tasas".

CORRUPCIÓN

"Toda privatización lleva a la corrupción", ha asegurado López, que ha pedido retirar el anteproyecto, que se encuentra ahora en fase de consulta, porque es "la legislación más perjudicial para la administración local desde hace muchísimos años". "Es la estocada final para la administración local", ha protestado el sindicalista, que ha negado que la privatización haga que prestar servicios sea más barato.

Por su parte, la responsable de CIG-Administración, Carmen López Santamariña, ha apostado por "la cercanía de los servicios a la población", por lo que ha considerado que esa propuesta de reforma "hace justo el camino al contrario". Además, ha augurado que "va a profundizar más en las desigualdades y las diferentes condiciones de los trabajadores" públicos.

Así, Santamariña ha abogado por hacer que la ciudadanía sea "consciente" de los cambios que implica este anteproyecto. "En la mitad de los ayuntamientos de Galicia nos encontraremos con que no va a haber la prestación de muchos servicios públicos", ha advertido y ha llamado a frenar "estas agresiones" del PP.