El sindicato UGT ha negado "radicalmente" este sábado haber percibido ingresos ilegales procedentes de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares en Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya, quién ayer aseguró que "los entornos" de los sindicatos UGT y CCOO recibieron más de cuatro millones de euros procedentes de las 'sobrecomisiones' "pactadas" con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

Ante dicha información, la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT y la de UGT de Andalucía aseguran en un comunicado recogido por Europa Press que nunca han recibido "ingresos ilegales en su actuación de defensa de los trabajadores en los EREs en los que ha intervenido y sigue interviniendo, en toda España y también en Andalucía", función a la que, aseguran, no van a renunciar.

En este sentido, afirman que UGT "nunca ha participado ni participará en operación alguna para promover EREs indiscriminados, ni para aprovecharse de ellos y generar ingresos para el sindicato". "Quienes promueven los EREs y cierran las empresas son los empresarios y no los trabajadores ni los sindicatos", han denunciado, para añadir que no forman parte de "trama defraudadora alguna".

Asimismo, critican que se pretenda, a su juicio, "atribuir a los sindicatos un papel de meros mediadores" cuando no son "intermediarios, ni comisionistas", sino que cumplen "una función constitucional que se hace más patente y necesaria en los conflictos derivados del cierre de empresas". Para desarrollar dicha función, UGT reconoce que necesita recursos pero aclara que los obtiene de las cuotas de sus afiliados"

Por otra parte, denuncian el intento que, a su parecer, ha habido "de implicar a los sindicatos en tramas fraudulentas que generan sospechas sobre la actuación sindical, para debilitarla o incluso eliminarla". "Sospechas que en nada responden a la verdad y, por el contrario, favorecen a los empresarios en su actuación contra los trabajadores", añaden.

Por último, manifiestan "su clara voluntad de colaborar con la justicia para aclarar los hechos que están siendo investigados, para llegar hasta el final y para que los responsables de los posibles fraudes a los fondos públicos sean juzgados". "Si alguna persona que mantenga vinculación con esta organización hubiese cometido algún delito, actuaremos también contra él", han asegurado.