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Los ruidos ponen en aprietos a alcaldes

Condenan a prisión al de Vila-real por permitir una fábrica junto a vecinos. Pero hay más sentencias por hacer oídos sordos al ruido.
Los ruidos que padecen los vecinos por la marcha nocturna o por fábricas pegadas a sus casas han puesto las pilas a los jueces contra los ayuntamientos. Hasta ahora, sólo les habían condenado a pagar a afectados y a cerrar locales, pero el pasado viernes el Supremo fue más allá. Dictó año y medio de cárcel para el alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova (PP), además de ocho de inhabilitación para cargo público.

Según el alto tribunal, el alcalde consintió «de forma deliberada» los ruidos de la cerámica Rocersa, pese a las quejas vecinales. El juez asegura en la sentencia que se situó del lado de la fábrica «sabiendo que actuaba y vulneraba la legalidad». Al no sobrepasar los dos años de condena y carecer de antecedentes, Vilanova no tendrá que entrar en prisión.

El abogado Raúl Burgos, que se ocupa de litigios por ruido, asegura que en la Comunitat «son muchísimos» los casos en los que se ha condenado a los ayuntamientos, aunque el de Vila-real es el primero que acaba con cárcel para un alcalde.

El pasado mes de julio, una jueza condenó al Ayuntamiento de Valencia a indemnizar con 12.000 euros a una familia que tuvo que mudarse porque una pizzería de Campanar no les dejaba dormir. Además, los jueces ya obligaron a indemnizar a dos vecinos de Xúquer, en 1997 (cuando se declaró Zona Acústicamente Saturada –ZAS–) y 2004. En Cullera, otra sentencia obligó a acallar locales que armaban bullicio.

Y el viernes se aprobó la zona ZAS para Woody, en Valencia, por unanimidad de PP, PSOE y EU. Los hosteleros se volvieron a manifestar ayer, antes del partido del Valencia.

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Líderes en hogares ruidosos

El ruido es el problema más habitual cuando se pregunta a los ciudadanos de la Comunitat por su calidad de vida. En concreto, somos la segunda autonomía que más se queja por este factor, con un 31,4%, sólo superada por Madrid. Así lo revela una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa este problema por encima del de la delincuencia.

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