La Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de Alicante (APSA) ha entregado este viernes un total de 587 firmas ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, para solicitar su mediación en la reclamación de más de dos millones de euros que la Generalitat adeuda a esta entidad sin ánimo de lucro.

La portavoz del comité de empresa de APSA, Asunción Muñoz, ha explicado, en declaraciones a los periodistas antes de depositar las rúbricas, que los 326 trabajadores de la asociación llevan tres meses sin cobrar. "Estamos pendientes de irnos a marzo y no sabemos qué pasa con esa nómina, si la vamos a cobrar o no, porque no hay un compromiso por parte de las administraciones de cuándo será el siguiente pago", ha añadido.

En cuanto al importe que solicita la entidad, y según se recoge en el documento presentado ante el Síndic, el desglose detalla que el Gobierno valenciano debe un total de 2,05 millones de euros, de los que 1,3 corresponden a la antigua Conselleria de Educación, Formación y Empleo-Servef —1,08 millones de subvenciones de 2012, 187.000 euros de 2011 y 30.000 de 2010—; mientras que otros 363.000 pertenecen al retraso de la ayuda de Bienestar Social del pasado año, 217.000 más son atribuidos a otros departamentos autonómicos, y 165.000 a organismos provinciales.

A la vista de la situación, Muñoz ha expresado la "preocupación" del colectivo, y ha especificado que las firmas son de trabajadores y de familias de la asociación, así como de amigos y socios, y de empleados de otras entidades "que o bien están en la misma situación, o se solidarizan".

Ere en centros especiales de empleo

La portavoz de la plantilla, preguntada sobre cómo afecta este impago a la actividad de APSA, ha señalado que la atención directa "se sigue manteniendo al mismo nivel de rendimiento", si bien ha agregado que en los centros especiales de empleo (CEE) —Avimar, Limencop y Terramar— se realizaron respectivos expedientes de regulación de empleo (ERE) "que han afectado a una gran parte de la plantilla, sobre todo a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, que han sufrido una fuerte reducción salarial".

No obstante, ha recordado que la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, "cumplió y pagó la deuda de 2012", aunque ha añadido que están "muy preocupados por lo que pueda pasar" durante el presente año.

En este sentido, ha resaltado que continuarán con la reclamación de sus derechos "mientras la situación se mantenga". "Tras Semana Santa retomaremos las acciones reivindicativas, y no descartamos cualquier acción legal, reivindicativa o imaginativa que se nos ocurra, nos sentimos agraviados y robados por el Gobierno valenciano", ha enfatizado.

SOLICITUDES

De este modo, en las cartas entregadas al Síndic se solicita a la institución que "requiera" a la Generalitat, a través de las correspondientes consellerias, el pago "urgente" de la deuda "mantenida" con APSA "y con todas las entidades que están en la misma situación".

Igualmente, piden la "recuperación" de las ayudas en la subvención de los CEE para el mantenimiento de los puestos de trabajo para las personas con discapacidad intelectual y discapacidades severas; y que la financiación de 2013 de Bienestar Social para centros, programas y servicios de atención a personas con discapacidad o enfermedad mental cuenten con la consignación presupuestaria que responda al cien por cien del coste real del mantenimiento de estas instalaciones.

Finalmente, reclaman el establecimiento de un sistema de financiación "estable" que "garantice y dé estabilidad" a centros, servicios y programas, un calendario de pagos prefijado y un compromiso de abono también "estable"; así como el pago de "todas" las deudas y ayudas a las personas afectadas por la Ley de Autonomía Personal y Dependencia de manera regular.