El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha valorado positivamente la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso presentado por la administración autonómica contra la Ley de Tasas Judiciales, advirtiendo en este sentido de que la misma, al margen del perjuicio directo sobre la ciudadanía, crea el "efecto perverso" de que se produzca un incremento del traslado de reclamaciones a la jurisdicción de lo Penal, que no cuenta con gravámenes, ya saturada con "una carga de trabajo extraordinaria".

En rueda de prensa, De Llera ha manifestado que la Junta tiene "confianza absoluta" en que el TC atenderá sus pretensiones y dejará sin efecto gran parte del articulado de la nueva normativa; en concreto, la administración regional impugna los artículos 1, 2, 3, 4 y 7, al considerar que vulneran el principio de igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al ampliar y generalizar el pago por el acceso a la Administración de Justicia hasta el punto de producir un efecto "disuasorio" para gran parte de la ciudadanía y para las pequeñas y medianas empresas.

"Lesionan los derechos de muchas personas que individualmente no pueden plantear recursos de inconstitucionalidad", ha aclarado el titular autonómico de Justicia e Interior, señalando que la Junta, como órgano de gobierno legitimado, "ha querido llevar la voz de los que no tienen voz ante el Constitucional".

El recurso presentado contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, se apoya en los argumentos jurídicos aportados tanto por la jurisprudencia del TC como por informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado en relación con la norma recurrida. En líneas generales, la nueva ley extiende el pago de la tasa a todos los órdenes jurisdiccionales salvo el penal y el militar; aumenta las cuantías o establece otras nuevas en elevadas proporciones; y elimina en su artículo 3 las exenciones anteriormente fijadas para todas las personas físicas y para las entidades que no presentaban un elevado volumen de facturación.

Finalmente, el consejero ha mostrado su confianza en que el Tribunal Constitucional se pronuncie cuanto antes sobre unas tasas "tan injustas y que lesionan los derechos de tantas personas".