El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno de Cantabria contra una sentencia del Juzgado de lo Social que declaró improcedente el despido de una trabajadora del Consejo de la Mujer y le condenó a indemnizarla con 44.000 euros, a los que deberá sumar ahora las costas judiciales y abonar 650 euros más por los honorarios del abogado de la despedida.

La diputada y portavoz del PRC en materia de Igualdad, Matilde Ruiz, ha dado a conocer este viernes esta nueva sentencia, que confirma la "perversa política de personal" que está llevando a cabo el Ejecutivo de Ignacio Diego, al que ha exigido que "deje de despilfarrar el dinero público en juicios e indemnizaciones" y lo destine a "crear empleo, en lugar de destruirlo".

La sentencia recurrida por el Gabinete de Diego y ratificada ahora por la Sala de lo Social del TSJC declaró improcedente el despido de la trabajadora del Consejo de la Mujer, con antigüedad desde el año 1999 y categoría de jefa, al considerar que la desaparición de este organismo no lo justifica, por existir una "sucesión empresarial" que obliga al Ejecutivo a asumir "la responsabilidad solidaria".

Este mismo criterio ha sido empleado por los tribunales para declarar improcedentes los despidos de otros siete trabajadores en el Consejo de la Juventud y establecer las oportunas indemnizaciones, que en ese caso alcanzaron los 250.000 euros.

La sentencia, dictada el pasado 15 de marzo y que confirma la emitida por el Juzgado de lo Social número Cinco de Santander en noviembre de 2012, sostiene, frente a los argumentos del Gobierno, que la finalidad del Consejo tiene continuidad a través de la Dirección General de Igualdad.

Así, precisa que en este caso se produce una absorción del patrimonio del anterior Consejo, integrado fundamentalmente por mobiliario, fondo documental y el resultado de aportaciones anuales del los Presupuestos Generales de la Comunidad, que en el último semestre de 2012 han supuesto 60.000 euros. "Por lo que lejos de extinguirse con el Consejo, se continúa por la comunidad Autónoma con sus propios bienes y los integrados, y ya sin personalidad jurídica diferenciada", señala.

Ruiz se ha declarado "escandalizada" ante esta nueva sentencia, ya que pone de manifiesto "la indignante alegría con la que este Gobierno utiliza el dinero de todos los cántabros para llevar a cabo una repugnante caza de brujas contra los empleados públicos y deshacerse de aquellos que no le ríen las gracias".

"Las fobias de Ignacio Diego y sus consejeros contra los trabajadores de la Administración a los que no considera amigos nos han costado ya más de 3 millones de euros y, por el camino que van, muy pronto serán 4 millones costeados por los mismos ciudadanos a los que se piden sacrificios en forma de recortes sociales y subidas de impuestos", ha criticado.

Matilde Ruiz ha condenado que el mismo Gobierno que "priva de un médico a los vecinos de Soba, cierra los centros de salud por las tardes y quiere acabar con las aulas de dos años para ahorrar, no tenga sin embargo empacho en malgastar millones de euros en despidos y acciones judiciales", un comportamiento que considera "absolutamente inmoral".