El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, acusado de dos delitos continuados de tráfico de influencias y cohecho, y otros cuatro contra la Hacienda Pública.

El auto, contra el que no cabe recurso, mantiene la fianza de 4,2 millones de euros que se le impuso al que también fue presidente provincial del PP de Castellón e insta a la Audiencia castellonense a fijar la fecha de la vista oral, ya que es el órgano competente para juzgarle.

La resolución, hecha pública este viernes, llega un mes después de que el Tribunal Supremo diera vía al juzgado para decretar la apertura de juicio "con absoluta libertad de criterio", desautorizando así a la Audiencia Provincial, que entendió que el delito de cohecho —el más grave de los que se le imputan— debía quedar fuera de esta causa.

El Juzgado, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida a principios de 2012 la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra el también ex presidente provincial del PP de Castellón por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios.

Desde el PP valenciano, su secretario general, ha afirmado sobre este asunto que su partido no puede estar en "otra línea" que en la de "colaborar con la justicia y respetar el Estado de Derecho".

Además de Fabra, también será juzgada por fraude fiscal su exesposa, Amparo Fernández, así como el empresario que le denunció, Vicente Vilar y la exmujer de este, Monserrat Vives, ambos por cohecho continuado.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular han solicitado penas de entre 15 y 20 años de prisión para el expresidente de la Diputación y actual titular de la empresa pública que gestiona el aeropuerto de Castellón (Aerocas).

Los hechos comenzaron a investigarse hace nueve años, cuando el juzgado de Nules —por el que han pasado nueve titulares desde entonces— dio trámite a dos querellas contra Fabra presentadas por Vilar, gerente de una empresa de productos fitosanitarios llamada Naranjax, cuya producción era sintetizada por la mercantil Arcavi, propiedad de su esposa.

Naranjax tenía varios productos pendientes de aprobación por parte de lo Ministerios de Agricultura y Sanidad, y entonces Vilar decidió acudir al presidente de la Diputación utilizando la amistad que unía a las esposas de ambos.

Según apunta el juez, Fabra inició una mediación con autoridades y funcionarios de ambos departamentos gubernamentales para agilizar la autorización de los productos de la empresa de Vilar.

Entre otras gestiones, se reunió con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Prim, que también será juzgado por "presionar" a altos funcionarios para este mismo fin.

Cuando finalmente se aprobó una de las líneas de producto más importantes de Naranjax, Fabra le requirió a Vilar 150.000 euros por su mediación.

Además, le propuso crear una sociedad para explotar las posteriores licencias que fuese obteniendo de los citados ministerios, y de esta manera nació la empresa Artemis 2000, por la que Fabra continuó haciendo valer su influencia política.

Respecto a los cuatro delitos fiscales, que fueron descubiertos por Hacienda a raíz de la trama de los productos fitosanitarios, el juzgado señala que Fabra y su esposa ocultaron cerca de un millón y medio de euros sin declarar entre 1999 y 2004.

El auto de apertura de juicio oral concede un plazo de diez días a los acusados para ratificar sus respectivos escritos de defensa o para presentar otros nuevos. Además de los 4,2 millones de euros de fianza para Fabra, el instructor mantiene los 1,7 millones impuestos a su exesposa y los 800.000 euros a Vilar y también a su exmujer.

El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha afirmado sobre el caso Fabra que su partido no puede estar en "otra línea" que en la de "colaborar con la justicia y respetar el Estado de Derecho".

Castellano ha dicho que es necesario "colaborar con la justicia" y ha asegurado que su partido va a "respetar todos los trámites y procesos judiciales porque eso es respetar el Estado de Derecho". El secretario general del PP de la Comunitat Valenciana ha añadido que los partidos políticos tienen que "estar en esa línea y no en otra".